ES de no creer. El mundo está como está, mal, muy mal, con una crisis económica que coloca en una situación insostenible a millones de personas, más un terrorismo que no cesa, y aquí estamos tomando decisiones que obligan a llevarse las manos a la cabeza. Porque se trata de auténticas barbaridades.

Una madre pega un grito a su hijo de diez años porque no hace los deberes, el hijo le tira una zapatilla, la madre le pega una bofetada y el niño se da contra un lavabo y sangra un poco por la nariz. El profesor de la criatura denuncia a la madre, se celebra un juicio rápido y un juez supuestamente muy justo condena a la madre a 45 días de prisión y un año de alejamiento de su hijo, al que no puede acercarse a menos de 500 metros. ¿Es que no hay ningún asunto serio que resolver en la Justicia como para que venga un juez salido de no se puede nadie explicar dónde, y tome una decisión tan absolutamente disparatada? Para echarse a temblar, si esa es la justicia que se imparte en este país.

Pero hay más asuntos que provocan espanto. Para elegir al nuevo rector de la Universidad del País Vasco se ha permitido la utilización de un documento de identidad ilegal, el famoso DNI vasco, y nadie se ha rasgado las vestiduras. Y ha sido elegido -como no podía ser menos, visto el desarrollo de la elección- el hermano de la abogada más conocida de ETA, Jone Goiricelaia, que además es miembro de la Mesa Nacional de Batasuna. Su hermano Iñaki se mueve en las mismas esferas y lleva como punto fundamental de su programa la posibilidad de que los presos etarras que cumplen condena en España puedan cursar estudios en esa Universidad. Con importantes privilegios, como ocurre con los que cumplen condena en Francia, que ya podían estudiar en la UPV. Esas son las consecuencias de haber hecho ciertas transferencias, y no hay más que ver lo que ocurre con la educación en las comunidades gobernadas por nacionalistas. Pero la ministra del ramo, Elena Espinosa, responsable de Administraciones Públicas, ya ha dicho algo que roza también la barbaridad: los ayuntamientos gobernados por ANV no serán excluidos de las ayudas económicas decretadas por el Gobierno. Dice que no hay forma de justificar legalmente la exclusión, pero nadie cree que un Gobierno democrático no tenga resortes para impedir que su dinero, el dinero de todos, llegue a organizaciones vinculadas a una banda terrorista, que es lo que hacen los ayuntamientos de ANV con el dinero que manejan.

Más: amas de casa de Baleares contratan delincuentes para que les hagan la compra, para que roben en el supermercado. Y aún más: el alcalde de Getafe ha dicho otra barbaridad y, aunque está pidiendo perdón por todas partes, en el PP anuncian que sus ayuntamientos abandonarán la FMP, que él preside, si no dimite del cargo. Pésima reacción que merece ser revisada.