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Las investigaciones de la UDEF, ese organismo del que Pujol dijo despectivamente "Qué coño es eso de la UDEF?", suelen ser concienzudas, de hecho el ex presidente de la Generalitat y su familia se han encontrado con sus vergüenzas al aire gracias al trabajo de esos policías expertos en detectar delitos monetarios. La UDEF, tras muchos meses de investigar a Luis Pineda, director de Ausbanc que en ocasiones trabajaba de acuerdo con Manos Limpias, ha llegado a la conclusión de que Ausbanc no era una asociación que tenía como objetivo fundamental velar por los intereses de los usuarios de banca, objetivo encomiable. Pineda editaba varias revistas y organizaba seminarios que tenían una función mucha más enriquecedora, y no precisamente en el aspecto humanitario: le servían para recaudar dinero de entidades bancarias y empresas a las que pedía publicidad y patrocinios … a cambio de no publicar informaciones ensidiosas contra esas entidades, que no tenían por qué ser ciertas, y a cambio de no provocar escándalos en sus juntas de accionistas exponiendo en voz alta supuestas fechorías de los equipos dirigentes.

Hace tiempo que Pineda y Bernard, de Ausbanc y Manos Limpias, se encuentran en prisión preventiva. Los dos claman por su inocencia, pero los informes últimos de la UDEF indican, con pruebas aparentemente concluyentes, que Ausbanc se hizo de oro recaudando millones de euros -sí, millones- procedentes de la casi totalidad de grandes bancos y antiguas cajas, aparte de importantes empresas, que preferían pagar cantidades exorbitantes a las revistas de Pineda para que no publicaran una sola línea que pudiera hacer dudar a sus clientes sobre la gestión de esos bancos y cajas, o su viabilidad futura.

Ante las amenazas veladas de Pineda, que les explicaba la conveniencia de firmar unos contratos de publicidad, podían acudir a los tribunales, es evidente, pero ni Pineda - abogado de profesión- era tan torpe como para ser muy claro en sus amenazas, ni los jueces tan ágiles como para resolver en pocas semanas las posibles demandas que pudieran interponer los chantajeados. Que acababan pagando como mal menor, no fueran a verse envueltos en escándalos que afectarían gravemente a su credibilidad profesional y ahuyentaría a clientes y accionistas.

Los datos hechos públicos ahora con los nombres de las entidades y las altas cifras que pagaban, demuestran que el temor a que un artículo eche por tierra la reputación de una empresa es superior al rechazo que provoca pagar por el silencio, someterse a un chantaje innoble. Lo que tendría que hacer reflexionar sobre la proliferación de supuestos profesionales que han visto en el periodismo sucio una importante fuente de ingresos, y reflexionar sobre la necesidad de que los jueces respondan con agilidad a las demandas y querellas por calumnias y derecho al honor.

Nos libraríamos así de indeseables y del espectáculo grotesco de que importantes bancos y empresas tengan que pagar para que no les hundan con falsedades.

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