La economía española registró durante el tercer trimestre un crecimiento del 16,7% con respecto al segundo y una caída del 8,7% sobre el mismo periodo de 2019. El dato es demoledor y mucho peor que el de otras economías de nuestro entorno, pero también bastante mejor de lo esperado, sobre todo al compararlo con el segundo trimestre (caída intertrimestral del 17,8% e interanual del 21,5%).

La idea de economía vaciada que auguraban todos los pronósticos se habría limitado a un conjunto de sectores dedicados a la realización de experiencias personales (viajes, ocio, deporte, espectáculos, etc.), mientras que otros también amenazados habrían conseguido evitar el cierre. La pandemia parece haber sentenciado, al menos temporalmente, la incompatibilidad de algunas actividades, como el ocio nocturno, con los nuevos estándares de autoprotección y también acelerado el proceso de sustitución de las obsoletas por otras emergentes. Se imponen los fundamentos tecnológicos y digitales sobre los convencionales en sectores como la logística y la distribución, la enseñanza, los servicios personales y empresariales y hasta en la misma sanidad, de tal forma que algunas de las nuevas actividades podrían haber encontrado en el Covid-19 un inesperado aliado para desplazar a las maduras y ocupar sus espacios de mercado. Convendría, no obstante, no enterrar antes de tiempo a sectores como el turístico, cuyo mercado se encuentra temporalmente suspendido por las restricciones de movilidad, pero con sus estructuras en condiciones de reactivación inmediata. También hay más personas y empresas dependientes del estado protector para subsistir.

La coyuntura exige ayudar a los más perjudicados y facilidades, por ejemplo tributarias, a los que consiguen mantener el tipo pese a las dificultades, pero estas iniciativas corren el riesgo de aspirar a convertirse en permanentes tras la pandemia. De los avatares gubernamentales sobre la subida de impuestos cabría decir lo mismo. El problema es el raquitismo de las arcas públicas ante la excepcionalidad del gasto sanitario y social y el desafío de la reconstrucción de la economía, pero es fácil apreciar el conflicto ideológico en torno a sus consecuencias redistributivas. La cuestión de fondo es, como siempre, la estatalización de una parte de los réditos del sector privado y el riesgo de que una tensión excesiva termine por arruinar el equilibrio.

El salario medio en España se ha reducido en más de un 11% durante el primer semestre, por lo que la polémica sobre aumentos de sueldo a funcionarios y políticos (cerca de tres millones, según estimaciones) en pleno debate sobre la subida de impuestos se interpreta como un descarado y potencialmente desequilibrador impulso a la transferencia de rentas desde los trabajadores del sector privado a los del público. A fin de cuentas, aunque funcionarios y políticos paguen impuestos por sus rentas y consumo, el origen de sus ingresos está en los tributos recaudados en el sector privado. Por eso su actividad a veces se denomina de no mercado y otras incluso improductiva, olvidando que sin ellas muchas de las privadas difícilmente existirían.