Análisis

Joaquín aurioles

La incógnita del empleo

Se disparan las especulaciones y no faltan los medios apocalípticos que se hacen eco de empresas que, anticipándose a la derogación de la reforma laboral, han decidido iniciar los despidos colectivos. La reforma de 2012 supuso un vuelco radical a los pilares básicos del Estatuto de los Trabajadores reformado en 1984, de tan nefastas consecuencias sobre el mercado de trabajo en España. Ha simplificado las formas de contratación y el despido, ha debilitado el poder político de las cúpulas sindicales y patronales, derivado de la fuerte centralización de la negociación colectiva, y ha modificado la intermediación en el mercado de trabajo (políticas activas de empleo), tan afectada por las corruptelas en cursos de formación y otras prácticas similares.

Sus efectos sobre el empleo y el paro son indiscutibles, pero también sobre los salarios y la precariedad laboral. Desde luego consiguió poner fin a la sangría de la crisis sobre el empleo. A mediados de 2007, la cifra de ocupados alcanzaba su máximo histórico, 20,7 millones, y la de parados se situaba en 1,8 millones. A comienzos de 2013, el peor momento de la gran recesión, había 3,7 millones menos de ocupados, mientras que el número de parados (6,3 millones) se había multiplicado por 3,5. La reforma laboral de 2012 se hizo notar de forma inmediata y en la actualidad el número de ocupados vuelve a estar cercano a los 20 millones, mientras que el de parados (3,2 millones) se ha reducido a la mitad. También ha terminado afectando a parámetros estructurales del mercado de trabajo. Uno de los más positivos es que, según el Banco de España, la tasa de crecimiento compatible con la creación de empleo se ha reducido desde 1,25% hasta el 0,8%, aunque detrás de este dato pueden subyacer matices menos complacientes, según algunas perspectivas.

Lo que no admite discusión es que la reforma laboral consiguió facilitar la contratación y el despido y que ambas circunstancias se confabularon para que el saldo final de contrataciones haya resultado muy positivo, pero también que el salario haya desplazado al despido como variable de ajuste a los vaivenes de los mercados. Como consecuencia de ello y del exceso de oferta de empleo en el mercado de trabajo, los salarios han permanecido agazapados a la espera de la consolidación de la recuperación de la economía y de los beneficios empresariales.

La mejora de los beneficios de las empresas es una magnífica noticia para las expectativas de empleo, pero su repercusión práctica en la mejora de las condiciones laborales ha sido muy limitada. Los abusos por parte de empresarios sin escrúpulos del acusado desequilibrio entre la oferta y demanda de trabajo justifican medidas de protección al trabajador, como la prohibición del despido por baja laboral prolongada, cuando esté debidamente justificada, o la subida del salario mínimo interprofesional, siempre que no conduzca a la expulsión del mercado de los trabajadores menos cualificados. Más preocupante es la enigmática segunda fase de la derogación de la reforma, que anuncia la promulgación de un nuevo estatuto de los trabajadores y el retorno a un modelo centralizado de negociación colectiva.

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