El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ confirmó ayer la crónica de un archivo que unos meses antes había anunciado el servicio de Inspección del Poder Judicial, en su demoledor informe que avalaba al cien por cien la actuación de la juez María Núñez Bolaños al frente de las macrocausas.

Y el dictamen del promotor de la acción disciplinaria ha concluido, rotundamente, que no hay elementos ni siquiera para abrir un expediente disciplinario a la magistrada, porque no se aprecia "desatención o retraso injustificado" en la tramitación de las macrocausas. Aun admitiendo las posibles demoras en algunos de los procedimientos, lo cierto es que todos los que se han aproximado someramente a todas las macrocausas que se investigan en el juzgado número 6 de Sevilla -ya sean los propios inspectore del Consejo, el presidente del TSJA e incluso ahora el promotor de la acción disciplinaria- han llegado a la misma conclusión: las macrocausas que se investigan son un monstruo procesal inabarcable, con miles y miles de folios, y una complejidad propia de estos grandes macroprocesos.

El archivo de la denuncia avala el esfuerzo realizado por la juez María Núñez Bolaños, que está de baja por motivos de salud, y supone un varapalo tremendo no sólo para el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que firmaba dicha denuncia contra la juez -en una actuación inédita de la Fiscalía-, sino también para María José Segarra, la entonces fiscal general del Estado y que conoce bien la Fiscalía de Sevilla por haber sido fiscal jefe durante varios mandatos. De hecho, tras su salida de la Fiscalía General, Segarra ha vuelto a la Fiscalía hispalense, a la espera de que se convoque una plaza de fiscal de Sala del Supremo.

Si la Fiscalía Anticorrupción y Segarra dieron el paso de denunciar a la juez Bolaños ante el CGPJ es porque, evidentemente, consideraban que había elementos para que su queja prosperara y se abriera un expediente disciplinario a la magistrada. El archivo ahora de la denuncia revela el fracaso de la Fiscalía o su falta de visión, porque lo que no se entiende es que donde el Ministerio Público ve graves irregularidades de la juez, ni el servicio de Inspección ni el TSJA ni el promotor de la acción disciplinaria vean nada más allá de una "profunda discrepancia" de criterios entre la instructora y los fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla.