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Análisis

Tacho Rufino

El estigma del concurso

Entre 2013 y 2020 la creación de empresas ha sido vigorosa: ahora la historia se repiteEl trauma de la crisis de 2008 acelerará las solicitudes judiciales de las empresas

La muerte de una empresa es motivo de luto social. Hablamos de empresas, de entidades productivas o comerciales que hacen una función social y propician un beneficio privado al tiempo que crean empleo y, por ello, riqueza social. Entre una población empresarial de varios millones de elementos, hay una mayoría de empresas buenas, pero existen las malas por su objetivo o por sus prácticas laborales o fiscales, y también las hay meramente artificiales o instrumentales. Pero la mayoría que nos interesa -a todos, no a esta pieza- es una empleadora del sector industrial, constructor, medioambiental; del poliédrico sector servicios, incluido el comercial, de salud, de ocio y cultural, la enseñanza; las tecnológicas, consultoras o de servicios avanzados; no digamos el del enorme cosmos turístico y de hostelería; empresas del sector primario: agrarias, ganaderas, pesqueras, mineras. Según los datos del Dirce, en la llamada Gran Recesión, España perdió entre 2007 (en el que había 3.422.239 empresas vivas) y 2013 más de 300.000 empresas, algo menos del 10% de la población. Es cierto que la biología competitiva propicia que la mitad de las empresas no sobreviva a su quinto año, pero esa mortalidad se ve compensada por nuevos entrantes. Lo indicativo es el saldo inicial y final de un periodo concreto. Desde ese momento de recuperación, 2013, hasta inicios de 2020, la población empresarial ha aumentado año tras año con apreciable tono, alcanzando algo menos que tres millones y medio de empresas. Ahora toca una vuelta atrás. No hace falta recordar que un proceso de destrucción de empresas es un proceso de destrucción de empleo (recaudación, bienestar, etc.).

Cuando una empresa muere debe transitar antes por un duro periodo concursal, o sea de suspensión y ordenación de pagos e intervención de los cobros y la actividad por parte de la justicia y sus agentes delegados. Un proceso destinado a evitar su desaparición. Si no se consigue, la compañía va a liquidación: RIP. No pocas de las que entraron en concurso se salvaron, pero maltrechas, malheridas de tesorería, en un proceso salvador bastante perverso: una huida hacia adelante donde el imperativo cruel era conseguir tesorería para poder atender a sus deudas, y no para alimentar su ciclo productivo y de beneficios. El dinero efectivo o a crédito como droga y principio soberano, en el entendido de que cualquier impago en esa situación te llevaría, por ley, al hoyo. Empresas adictas a sobrevivir (sobrevivir sin más no es bueno, es, si quieren, solamente necesario), que se salvaron con calzador, y ahora se ven ante una nueva y muy inesperada oleada de inactividad, y tercos costes y gastos que soportar. Los administradores de aquellas sociedades de todo tamaño perdían el sueño o tenían pesadillas con forma de avales y pelea de liquidez. Una lucha agotadora y no poco frustrante: toda la liquidez, para pagar deudas anteriores, en un trasunto corporativo de las familias hipotecadas, sin dinero ni trabajo que simbolizaron la crisis anterior. Un empeño que dejó marcados -traumados- a no pocos administradores de empresas, que han debido de cargar en sus hombros y sus arterias con el "estigma del concurso". En esta nueva bofetada, no pocos de ellos se están diciendo "preconcurso, ¡ya!". Y motu proprio. Antes de que se lo insten judicialmente sus acreedores, que es mucho más duro personalmente, si cabe: la responsabilidad penal puede fácilmente atacar a sus administradores. No es agorero, cenizo o pesimista anticipar que habrá una oleada de solicitudes de concursos de acreedores al final de este año: asumirlo es prepararse. Sobrevivirán las compañías que han sabido -y han podido- prever sus desfases de tesorería, y por supuesto aquellas a las que el parón de su negocio por el Covid-19 no haya dejado tocadas de muerte.

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