La subida del salario mínimo (SMI) se aplaza seis meses porque perjudica a las empresas, que lo están pasando tan mal, pero en cuanto sea posible se retomará el asunto. La posición del Gobierno resume la crudeza del dilema que supone mejorar la protección de los trabajadores: elegir entre condiciones de trabajo y desempleo. La explicación tiene que ver con la productividad y, más concretamente, con el valor del producto marginal del trabajo. Se resume en un simple axioma: una empresa contratará a un trabajador si sus ingresos aumentan más que sus costes. Pero no todos los trabajadores son iguales. Los preferidos son los mejor formados o con mayor experiencia porque maximizan la diferencia entre ingresos y costes. De hecho, las empresas están dispuestas a pagar salarios más elevados a estos trabajadores, aunque la racionalidad indica que aumentarán sus plantillas mientras el axioma se cumpla. Esta misma racionalidad nos dice que si los costes aumentan, aquellos trabajadores que generen ingresos insuficientes para cubrir los costes de su mantenimiento en plantilla serán despedidos.

La decisión de subir el SMI se enfrenta a este tremendo dilema. Los trabajadores menos productivos pueden perder su empleo y a los parados les costará más encontrarlo, pero la OCDE reconoce que el debate sobre el tema ha sido especialmente pertinente en los años posteriores a la crisis de 2008 por el aumento de la desigualdad y la pobreza salarial (trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes). En 2013 la mayor parte de sus miembros habían conseguido un nivel de producción superior al de 2007, pero el empleo y el salario se mantenían por debajo en muchos lugares. Entre ellos España, donde el volumen de paro y los recortes sociales dieron lugar a situaciones relativamente frecuentes de pobreza salarial y condiciones de trabajo abusivas.

El SMI establece una remuneración básica, por debajo de la cual ningún convenio o contrato puede situarse. En España está en 14 pagas de 950 euros por año, que es uno de los 15 más elevados del mundo, y en la discusión sobre si debe elevarse nuevamente discrepan, como era de esperar, sindicatos y empresarios. En lo que todos estarán probablemente de acuerdo, es que la subida del SMI no puede ser una decisión aislada. Debe ir acompañada, al menos, de políticas que incentiven la contratación y del refuerzo de las políticas sociales, especialmente de la cobertura al desempleo.

La mejora de las condiciones de trabajo es obviamente beneficiosa para quienes tienen un empleo estable, pero puede resultar perjudicial para parados y trabajadores en precario. Es el fundamento de los modelos insider-outsider. Puesto que en la negociación colectiva solo participan representantes de los trabajadores, los acuerdos salariales ignoran el interés de parados y eventuales. Esta posible desavenencia aumenta con la fuerza negociadora de los sindicatos y con la cobertura del desempleo, que permite enmascarar el impacto de las subidas salariales sobre el empleo. Para los empresarios es al revés. Si la cobertura del desempleo aumenta, se debilita su posición negociadora y tendrán que aceptar salarios más elevados.