Juan Manuel Moreno Bonilla ha debutado esta semana como presidente de la Junta de Andalucía en el corazón de la Eurocracia, Bruselas. Como es habitual en estos casos, se trata de un viaje de no poco contenido simbólico, protocolario y de marketing político, aparte de lo dicho: iniciático para un presidente que parecía improbable no sólo como presidente de una de las mayores regiones europeas, sino en la nomenclatura de su propio partido, el PP. Un perfil gris y con escasa influencia en el aparato que acaba ostentado el poder territorial, una figura que parecía transitoria y que, lejos de ser excepcional, es bastante habitual en nuestra política, y piensen en Zapatero y Sánchez; quién sabe si Pablo Casado no será este tipo de figura política tras las elecciones. Las comunicaciones del gabinete de Moreno Bonilla en este viaje han girado alrededor de su estrategia ante dos asuntos mundiales que afectarán, no sabemos cuánto, pero mucho, a la región: un plan contra el Brexit y otro contra la guerra de los aranceles desencadenada por los dos grandes elefantes en la cacharrería llamada Tierra: Trump y el régimen chino. A corto plazo, nada bueno se puede esperar de estas dos circunstancias. Cuánto pueda paliar su gobierno y su nutrido equipo de técnicos nuevos y de siempre los eventuales tsunamis económicos no lo sabemos. Pero otro asunto de la agenda bruseliana de la Junta parece más significativo, aunque ha estado en un segundo plano en estos días: la pelea por los fondos estructurales comunitarios; en concreto, los de cohesión.

Andalucía sigue sin converger, incluso ha sufrido un retroceso en los últimos cómputos de la producción o PIB per cápita (que así se mide). Reiteradamente y desde hace ya décadas, no crece lo suficiente como para compensar el retraso con que partía en la adhesión española a la CEE en 1986. La comunidad autónoma no alcanza el 65% del PIB per cápita europeo medio, límite que marca qué países son destinatarios de fondos estructurales. En concreto, y en este viaje de Moreno, se trataba de pelear los Fondos de Cohesión, que están pensados para ayudar a crecer y converger a aquellas regiones más atrasadas económicamente, financiando infraestructuras de transporte, proyectos de educación, salud y medio ambiente. Tradicionalmente, la derecha española ha señalado a estas ayudas como subvenciones poco eficaces -por el pobre cumplimiento de objetivos-, y aún menos eficientes -por la mejor o peor gestión de esos recursos-, y no pocas veces se ha apuntado al carro de "la Andalucía subsidiada". Más o menos sottovoce, no pocos en el PP también tienen la certeza de que las subvenciones son malas para la economía. También en el espíritu liberal de Ciudadanos, socio de Gobierno andaluz, existe la creencia -lícita- de que los subsidios y subvenciones desincentivan el crecimiento, lo cual incluiría la sopa boba de los fondos europeos, algo que, como el PER, y según esa visión, lastra el desarrollo más que estimularlo.

Al llegar al poder, y también en este viaje a Bruselas, el PP de Moreno Bonilla con sus altos asesores naranjas han abrazado el pragmatismo: a por los fondos, sin melindres, que están diseñados para compensar y ayudar a la convergencia de territorios como Andalucía. Ahora queda converger, claro. Pero previamente hay que gestionar este maná, sin el cual languideceríamos.

La Comisión, en esta ocasión, limita la discrecionalidad del Gobierno andaluz e impone los destinos de esos dineros: digitalización escolar y lucha contra el cambio climático. En fin: se agradece el pragmatismo político más allá de la ideología, y también el mono de trabajo, y se agradecerá la racionalidad y buen uso de los recursos exteriores.