Ahora es el FMI el que se une a la opinión de otros analistas para indicar que la recuperación de la economía española será más lenta de lo esperado y tanto más difícil cuanto más dure la tercera ola, más devastadoras sean sus consecuencias y más se prolongue la campaña de vacunación. Según sus cálculos, a los que concede todavía un amplio margen de fluctuación, el volumen de actividad aumentará un 5,9% con respecto a 2020, que es menos de lo que se esperaba hace tres meses (7,2%) y de lo que apuntaba el Gobierno en su previsión presupuestaria (9,8%).

Que el pronóstico para España empeore cuando el de la economía global mejora es bien significativo del oscuro panorama que se cierne sobre el país por la perversa confluencia de tres circunstancias. La primera que, pese a que el FMI ha revisado al alza (-11,1%) su estimación de crecimiento en 2020, hasta aproximarse a la del Gobierno, seguimos liderando el ranking de economías más golpeadas por la pandemia.

La segunda, que nuestra capacidad resiliente, es decir, de resistencia a la adversidad y de velocidad de retorno a la situación previa a la pandemia, es muy reducida. Creceremos más que la Eurozona durante 2021 y 2022, pero tardaremos más en alcanzar el nivel de actividad de 2019. La mayor devastación durante 2020 nos obliga a recuperar más que otros, pero también por el impacto sobre el turismo del aumento de las restricciones a la movilidad en Europa. Por otro lado, quedar descolgados del resto también puede suponer una desventaja de cara al aprovechamiento de las oportunidades características de los procesos de reactivación económica.

La tercera circunstancia es el deterioro de las finanzas públicas, tanto mayor cuanto más acusados los retrasos en la recuperación y la vacunación. Gobiernos y bancos centrales están obligados a mantener las medidas antiestrés (ERTE y créditos ICO, en el caso de España) mientras dure la pandemia y la recuperación de la economía no se haya iniciado, pero llevando la presión sobre el déficit y endeudamiento público hasta niveles que ya serían intolerables en circunstancias normales. En las actuales no hay más remedio que hacerlo, porque retirarlas antes tiempo provocaría la aparición del estrés que hasta ahora se ha conseguido evitar y arruinaría el esperado retorno a la normalidad de empresas y empleos. El dilema para el Gobierno es que retrasar la corrección del desequilibrio financiero supone un elevado coste corriente y un extraordinario nivel de riesgo, pero anticiparlo sería un lastre importante para el crecimiento.

Las previsiones económicas del Gobierno se han ido al traste con la tercera ola y por ello es urgente que, cuanto antes, las corrija y dé la cara de forma clara y convincente. No habrá recuperación con incertidumbres porque son incompatibles con las decisiones de inversión y contratación. Seria también recomendable contemplar la posibilidad de que las cosas no salgan como se espera y disponer de los correspondientes planes de contingencia frente imprevistos. Si algo hemos debido aprender de esta crisis es que el exceso de optimismo puede ser fuente de errores y retrasos con dolorosas consecuencias económicas y sociales.