El jueves pasado, en la presentación del magno Anuario Joly Andalucía 2017, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, citó a Draghi con las siguientes o muy parecidas palabras: "Como ha reclamado el propio presidente del BCE, Mario Draghi, es necesario subir el salario mínimo, que los salarios sean dignos y permitan al asalariado una vida digna". Es cierto que Draghi aconseja que los salarios suban y que suba su palanca básica o Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Lo ha hecho en varias ocasiones desde que se perciben síntomas parciales de reversión del ciclo nefando con el que cursó la ya llamada Gran Recesión, que galopó cual Othar entre la primera y la segunda década del siglo XXI, dejando como la montura de Atila buena parte de Europa seca de hierba. En concreto en España, sus pisadas asolaron con mayor acidez. El desempleo y la severa contracción salarial en términos reales fueron especialmente duros aquí (los precios se comportaron con mucha mayor rigidez ante la recesión que las remuneraciones). Pero si Draghi y Díaz coinciden en la receta, los motivos del tratamiento son por completo diferentes para Díaz y Draghi. Ella cree que es de justicia que suba el SMI; él de justicia no entiende, o no es su negociado, si lo prefieren.

Draghi es un economista nato y no hace concesiones políticas ni sociales, y en su argumentario no figura nada parecido a la dignidad salarial: eso es cosa de políticos. En realidad, su negociado es el de la política económica, y más en concreto el de la política monetaria: él, desde hace tiempo, se dedica a la imprimir euros y a servir en la barra libre del crédito a los bancos, así como a mantener el tipo de interés de la moneda europea alrededor del gratis total. Pero ni así parece alimentarse el crecimiento de la zona del euro. Por ello, Draghi teme a la deflación, y ansía una mijita de inflación, que no es tan nociva para la economía como la deflación, al menos en cierta medida que dé señales de calor económico. Un incremento generalizado de los salarios puede ser un buen antídoto para evitar el rechazo de la empresa a invertir y a crear empleo ante un deflacionario y degenerativo descenso de los precios. También decía Draghi hace un año que si el PIB per cápita y la productividad crecen, los salarios deben recuperar tono acompasándose a ellos. Susana Díaz viste su muñeco, como decimos, de justicia social y de solidaridad: Se non è vero, è ben trovato, dicho italiano que cabe aplicar a ambos. "Sea por esto o por aquello", los salarios deben crecer en alguna medida. Empezando por el mínimo legal, el SMI.

A los banqueros centrales (todos se cierran en uno, Draghi) no hay quién los reconozca: piden inversión pública, políticas fiscales expansivas… ¡y subidas de sueldos! Un economista clásico u ortodoxo -o neoliberal y sin alma, según usted vea- no cree por principio en ninguna de esas injerencias neokeynesianas en la economía, y menos en la intervención para subir los salarios. Lo diga o no, nuestro tecnócrata rechaza por principio que exista ningún mínimo salarial obligatorio. Lo confiese o lo calle, este ekonomistator está en la certeza de que un aumento del SMI provocará menor contratación fija y mayor contratación temporal. Ralentizará así la creación de empleo o, creará mayor desempleo crónico, sobre todo entre los jóvenes, y estimulará la economía sumergida. Según nuestro Schwarzenegger de las macromagnitudes, subir los salarios es darle una puñalada al crecimiento económico. Sin embargo, es de justicia, suene a naif o a economía del karma: si han bajado a las malas, ¿por qué no reequilibrar a las buenas? Además, una corrección de la desigualdad abierta en canal es no ya socialmente decente, sino decididamente segura para el propio sistema.