No hay español que no comprenda que vivimos un estado de emergencia que obliga a acatar medidas que van más allá de lo que acataríamos si no sufriéramos una pandemia de consecuencias inimaginables. Entre otras, las decisiones que deben toman algunos facultativos: salvar a quienes pueden ser salvados mientras facilitan una muerte digna, rápida y sin sufrimiento a quienes careren de posibilidades de salvación.

Pero hay otras situaciones menos dolorosas que nos están imponiendo a golpe de corneta, y ante las que no cabe que nos hagan pasar por inevitable lo que no lo es. El debate entre privacidad y seguridad se remonta a los anales de la Historia, y el Gobierno ha decidido imponer la seguridad sin tener al menos la decencia de consultar a expertos para buscar fórmulas menos invasoras. Y mucho menos consulta a la oposición, a la que Pedro Sánchez falta sistemáticamente al respeto desde que tomó posesión de su cargo.

El Gobierno quiere monitorizar a los españoles para saber en cada momento dónde se encuentran y comprobar si cumplen el confinamiento. La seguridad se antepone a la privacidad. ¿Es legal? ¿No hay método más efectivo y menos doloso? ¿Puede un Gobierno que no quiso hacer caso de las múltiples recomendaciones que le llegaron de las autoridades médicas internacionales y de la propia Comisión Europea para que tomara medidas ante el coronavirus? ¿Puede este Gobierno que no compró material sanitario, que no cerró fronteras ni prohibió actos masivos cuando se lo aconsejaron?

Son muchos los países europeos no tan dañados por el coronavirus como España; países que tomaron decisiones acertadas, y a tiempo. Aquí, este Gobierno irresponsable pretende que los ciudadanos paguen más allá del sufrimiento por los miles de muertes: ha exigido el confinamiento de la población y el cierre indiscriminado y generalizado de empresas, lo que provocará millones de parados. Y ahora pretende el control absoluto de nuestros pasos.