Análisis

Joaquín Aurioles

Campaña por decreto

La disparatada gestión económica del Gobierno entra en su recta final anunciando su disposición a acabar la partida haciendo trampas. Utilizará el comodín del decreto ley tantas veces como sea necesario para esquivar al Congreso de los Diputados que echó para atrás su proyecto de Presupuestos Generales para 2019.

El Gobierno de Sánchez entró como elefante en cacharrería, dispuesto a poner patas arriba el orden económico existente en el país. Decía hacerlo para arremeter contra la corrupción en el PP y para acabar con la desigualdad generada por su estrategia económica para abandonar la crisis, por lo que cabía esperar que entre sus prioridades estarían desmantelar la reforma laboral, abordar el problema de las pensiones o la renovación del sistema de financiación autonómica, pero sorprendentemente, todas ellas quedaron aparcadas por falta de tiempo y apoyos parlamentarios.

Las primeras decisiones estuvieron marcadas, por un lado, por las demandas de sus socios de investidura, y, por otro, por el carácter efectista de algunas medidas, con indudables fines electoralistas y de alargar al máximo la legislatura. El proyecto de Presupuestos Generales para 2019 sería la piedra angular de la estrategia. Las primeras cartas se pusieron sobre la mesa el pasado mes de julio, cuando se planteó elevar el techo de gasto de la administración central en 5.230 millones (un 4,4%), hasta los 125.064 millones. Podemos pedía aumentar en 15.000 millones, pero se acababa de conseguir de Bruselas que el objetivo de déficit se relajase desde el 1,3% al 1,8% del PIB (6.000 millones de euros), limitando la corrección al 0,4% (5.000 millones), con respecto al año anterior.

La pretensión de aumentar el gasto y reducir el déficit simultáneamente era el primer anticipo de la contradictoria estrategia económica del Gobierno. Confiaba en que el impulso de la economía engordaría la cosecha fiscal, aunque por esas mismas fechas era el propio gobierno el que revisaba por primera vez a la baja las expectativas de crecimiento. Además, estaban los nuevos impuestos. Subiría el IRPF a los ricos, fijaría tarifa mínima en Sociedades para las grandes empresas, tasa Google a las tecnológicas y Tobin a los bancos, además del impuesto al gasoil. En definitiva, todo un cuadro de subidas impositivas en plena desaceleración económica, que hacían del proyecto de Presupuestos para 2019 un verdadero desatino para luchar contra el ciclo. Funcas ha estimado en unos 10.000 millones de euros el boquete que habría dejado en las arcas públicas, básicamente por errores técnicos en la previsión del crecimiento y en la estimación de los rendimientos tributarios.

El adelanto electoral evitará que prosperen las modificaciones sobre impuestos ya existentes, por lo que decaen las pretensiones en materia de IRPF, Sociedades y gasoil, así como las rebajas puntuales en el IVA, pero no impide el establecimiento por decreto de nuevos impuestos a las tecnológicas o a las operaciones financieras. Tampoco impide la subida del salario mínimo, de las pensiones, de la cobertura por desempleo o de las asignaciones a la dependencia, pero imposibilitarán cumplir el compromiso adquirido con Bruselas.

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