El pacto de seguridad alcanzado entre EEUU e Iraq, que fija la salida de las tropas norteamericanas a finales de 2011, supondrá la puesta en libertad el año que viene de miles de personas encarceladas en el país árabe, muchas de ellas sin cargos formales.

Estas prolongadas detenciones han indignado tanto a iraquíes como a organizaciones humanitarias por la ausencia de cargos en muchos casos y, en otros, por las condiciones de las cárceles. Pero la futura liberación de presos trae consigo una doble preocupación: por un lado, el Ejército estadounidense teme que muchos insurgentes vuelvan a la calle, mientras que los grupos de derechos humanos alertan de que las autoridades iraquíes pueden transferir a muchos detenidos o incluso torturarles o ejecutarles.

"Nos preocupa que vayamos a liberar a detenidos peligrosos que hayan contribuido directamente en las muertes no sólo de fuerzas iraquíes o de la coalición, sino de incontables cantidades de (civiles) iraquíes. Cada detenido bajo nuestra custodia llegó porque suponía una amenaza imperativa para la seguridad y estabilidad de Iraq", alertó el portavoz de las operaciones de detención del Ejército de EEUU, Neal Fisher.

Con este pacto, que tendrá que ser ratificado en referéndum en julio, las fuerzas estadounidenses pierden su derecho a detener iraquíes sin cargos por tiempo indefinido, lo que significa que tendrá que revisar la situación de entre 16.000 y 17.000 presos, que deberán ser juzgados o liberados.

Pero esta situación supone un dolor de cabeza para el Ejército norteamericano. Miles de reos, algunos de ellos presuntos ex insurgentes suníes o antiguos milicianos chiíes, volverán a las calles, pues no existen pruebas suficientes en su contra.

El comandante norteamericano encargado del programa de detención, el general David Quantock, explicó al periódico USA Today que están trabajando duro para formular causas para mantenerles en prisión. "Vamos a asegurarnos de que se queden entre rejas", señaló.

Para las organizaciones humanitarias, es una "ironía" que EEUU se preocupe tanto por liberar a iraquíes contra los que no tiene pruebas. "¿Por qué están detenidos si no tienen pruebas contra ellos? Las cifras que se han barajado sugieren que quizá no había buenas razones para detener a mucha de esa gente... Necesitamos un proceso adecuado de ley y orden, y esto no significa mantener detenida a gente sin juicio", subrayó el director del programa de Oriente Próximo y el norte de África de Amnistía Internacional (AI), Malcolm Smart.

El iraquí Jassim al Mashhadani asegura que estuvo tres meses en una prisión del Ejército norteamericano. Según su testimonio, ocho soldados irrumpieron en su casa la medianoche del 21 de enero de 2006, le detuvieron y le pusieron una capucha que le cubría toda la cabeza. Durante dos semanas estuvo aislado mientras le interrogaban. "Solían decirme: nadie sabe dónde estás. Si te matamos, nadie sabrá lo que te pasó", afirma. Después fue enviado a la tristemente famosa cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad. "Nunca me dejaron llamar a nadie hasta unos días antes de liberarme. Nunca supe por qué me arrestaron", dice Al Mashhadani, quien añade que nunca fue maltratado.

Sin embargo, los grupos pro derechos humanos temen, con las nuevas circunstancias tras la firma del pacto de seguridad, que los presos puedan ser torturados por guardias iraquíes cuando pasen a su control. "Los informes de tortura y maltrato de gente son persistentes, por lo que existe claramente un riesgo", apuntó Smart, que apunta que el sistema judicial iraquí no está desarrollando juicios justos, ni siquiera en los casos más notorios de ex dirigentes del régimen de Sadam Husein.

Para Joost Hiltermann, experto en Iraq del International Crisis Group, el posible maltrato que puedan sufrir los presos suníes con el Gobierno de mayoría chií de Nuri al Maliki podría avivar las tensiones interreligiosas.