Los líderes de la oposición demócrata en el Congreso de EEUU pidieron ayer a sus conciudadanos que sigan luchando contra el racismo en el aniversario de la marcha de supremacistas blancos en Charlottesville (Virginia), donde una mujer y dos policías perdieron la vida.
Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, hizo las declaraciones más duras, en las que mencionó directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.
"Desde el principio, el presidente ha mostrado un desdén total por nuestros valores y ha alimentado el fuego de la intolerancia y el racismo", afirmó Pelosi en un comunicado.
"Su Administración -continuó- ha transformado la intolerancia del presidente en una agenda vergonzosa e intolerante que ha dado marcha atrás en el increíble progreso que habíamos logrado para consumar la promesa de igualdad y oportunidades en nuestra nación".
Trump condenó el sábado en Twitter "todo tipo de racismo" e instó a los estadounidenses a unirse "como nación".
Ese mensaje del mandatario contrasta con las controvertidas declaraciones que hizo hace casi un año, cuando responsabilizó de la violencia tanto a los grupos neonazis como a los manifestantes de izquierda que protestaron en Charlottesville, y aseguró que había gente "muy buena" entre los supremacistas.
Susan Bro, la madre de Heather Heyer, la manifestante que murió en Charlotteville el año pasado, ha creado una fundación para dar becas a jóvenes activistas y con la que busca mantener "vivo" el mensaje de su hija, según explicó ayer a Efe.
La capital de EEUU fue ayer el escenario de la marcha neonazi "Unir a la derecha" y de otras protestas antirracistas convocadas por grupos de izquierda.
La Policía Municipal de Washington prohibió las armas de fuego en las calles aledañas a la Casa Blanca. Había señales y semáforos cercanos a la Casa Blanca con carteles blancos en los que se advertía que "todas las armas de fuego" están prohibidas a una distancia de 30 metros de ese mismo letrero.
La tenencia de armas está protegida en EEUU por la Segunda Enmienda de la Constitución, pero las autoridades de los 50 estados y del Distrito de Columbia pueden definir restricciones.
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