El estado de Texas dice que no acatará una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de revisar los casos de cinco mexicanos condenados a muerte y que seguirá con el proceso que culminaría en su ejecución.

"Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero", dijo Robert Black, el portavoz del gobernador, Rick Perry.

Black señala que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el máximo tribunal de la ONU.

Esa postura no ha sorprendido a quienes se oponen a la pena de muerte.

"Texas ha demostrado que no le importa lo que piense el mundo", dijo Rick Halperin, presidente de la Coalición de Texas para la Abolición de la Pena de Muerte, una organización no gubernamental.

Desde que Perry es gobernador ha permitido la ejecución de 168 reos, una cifra récord, pero las ejecuciones de mexicanos estaban suspendidas en ese estado, como en el resto del país, después de que México iniciara el caso ante la CIJ en 2003.

Esa moratoria terminará el 5 de agosto, cuando una mezcla de cloruro de potasio y otras dos sustancias químicas detendrán el corazón de José Medellín por violar y estrangular a dos adolescentes en 1993, a menos que el asesino mexicano obtenga la clemencia de Perry.

También podría intervenir el Tribunal Supremo de EE.UU para aplazar la ejecución.

Los procesos para aplicar la pena de muerte a los otros cuatro mexicanos también están muy avanzados, según la embajada de ese país en Washington.

La inminencia de las ejecuciones llevó a México a apelar a la CIJ, que ordena al Gobierno de Estados Unidos tomar "todas las medidas necesarias" para suspender de forma provisional las inyecciones letales mientras se revisan los casos de sus ciudadanos encarcelados al norte del Río Bravo.

Sin embargo, la decisión del Gobierno central difiere de la que toman los estados, que en el pasado han manifestado poco interés en seguir los dictámenes de la CIJ.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien negó clemencia a 152 reos cuando era gobernador de Texas, se ha visto forzado a colocarse en la incómoda posición de instar a los estados a seguir las sentencias de la Corte de La Haya.

Black afirmó que ni siquiera Bush pide a Texas que detenga las ejecuciones cambiaría la postura del estado.

Portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Estado dijeron que analizan la decisión de la CIJ y no quisieron hacer comentarios al respecto.

La orden de hoy de la Corte es un corolario de un dictamen que emitió en 2004, cuando concluyó que las autoridades estatales de Estados Unidos habían violado la Convención de Viena al no informar a 51 mexicanos de su derecho de recibir ayuda legal del consulado de su país.

Bush respondió en 2005 con una orden a Texas de que revisara el caso de Medellín, pero en marzo de este año el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el presidente no tenía autoridad para hacerlo.

"El Tribunal Supremo ya ha dictaminado que Texas no está sujeto a tribunales extranjeros", insistió Black.

El estado argumenta que el resultado de los juicios a los 51 mexicanos en el corredor de la muerte no habría variado si hubieran tenido asistencia consular.

Black señaló que los reos pueden alegar ese factor en una apelación al comité que gestiona las peticiones de clemencia.

"El gobernador cree que existen los mecanismos para ofrecer una protección adecuada", dijo el portavoz.

Ese comité, que está compuesto por seis personas designadas por el gobernador, tan sólo ha aconsejado conmutar la pena de muerte en una ocasión desde diciembre de 2000, pero Perry rechazó esa recomendación y el reo fue ejecutado.

"No hay ninguna posibilidad de perdón" para los cinco mexicanos, recalcó Halperin.