Sudán rechazó ayer la petición del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, de una orden de detención contra el presidente sudanés, Omar Hasan Bachir, por el genocidio de Darfur, en el oeste del país. Y es que, según el vicepresidente sudanés, Ali Ozman Mohamed Taha, ese tribunal no tiene "competencia legal", ya que su país "no aceptó incorporarse a la CPI, con sede en La Haya, por lo que ésta no tiene autoridad legal sobre el Gobierno o sus habitantes".

Por ese motivo, Taha señaló en una rueda de prensa en Jartum que "el fiscal jefe (de la CPI) no tiene facultad para juzgar a ciudadanos sudaneses", por lo que su decisión de pedir una orden de arresto contra Bachir carece de "legitimidad".

En ese sentido, Taha anunció que el Ejecutivo de su país va a responder "tanto política como diplomáticamente, porque afecta a la estabilidad y al futuro de los acuerdos de paz suscritos en el sur, el este y el oeste" de Sudán.

También, solicitó a la ONU que boicotee la petición del fiscal jefe del CPI y añadió que su Gobierno mantiene contactos con "China, Rusia y otros países del Consejo de Seguridad de la ONU".

Moreno Ocampo ha solicitado una orden de detención contra el presidente sudanés por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto.

La decisión de emitir esa orden recae ahora en los jueces de la sala preliminar de la CPI, quienes tras estudiar el informe presentado por el fiscal tendrán que decidir si las pruebas constituyen una base razonable seguir adelante con el proceso judicial.

Para la Fiscalía de la CPI, Bachir "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau", las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, sobre los 4,5 millones de habitantes de la región.

Sin embargo, el Gobierno sudanés considera que la crisis de Darfur "es un conflicto local entre grupos y tribus de la zona que se disputan los recursos naturales y las zonas de pastoreo", y que se originó antes de que Bachir asumiera el cargo de presidente en 1989, explicó Taha.

Para el vicepresidente sudanés, el conflicto se ha agravado por la presencia de factores "naturales" como la sequía y la desertización, que han obligado al desplazamiento masivo de los habitantes de la zona en busca de agua y de alimentos.

Tras la petición del fiscal jefe del CPI y ante los temores de que se desate un nuevo brote de violencia, la misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (Unamid) ha anunciado la "suspensión indefinida" de sus actividades.

En un comunicado difundido ayer en Jartum, la Unamid instó a sus miembros presentes en Darfur a que no saliesen de sus casas y elevó la emergencia hasta el nivel 3, uno por debajo del máximo, mientras que la misión de los cascos azules en el sur de Sudán (Unmis) ha suspendido sus actividades por las mismas razones.

Por otro lado, la Liga Árabe ha convocado, a petición de Sudán, una reunión de urgencia de los ministros de Asuntos Exteriores árabes para el sábado en El Cairo con el fin de tratar la crisis.

Bachir se ha convertido en el tercer presidente en ejercicio en ser objeto de un proceso judicial internacional.

La acusación contempla diez cargos contra el mandatario: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.

El conflicto de Darfur comenzó en enero de 2003 cuando dos grupos armados se rebelaron contra el Gobierno por la situación de pobreza en la que se encontraba sumida esta región. Desde entonces, al menos dos millones y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según las Naciones Unidas.