El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena a EE.UU. a suspender provisionalmente la ejecución de 5 mexicanos realza el empeño de varios países latinoamericanos por evitar que se aplique la pena de muerte a sus conciudadanos condenados por tribunales estadounidenses.

Sin embargo, las órdenes de la CIJ, si bien suponen una "obligación internacional" para el Gobierno de Washington, "no tienen un efecto legal y técnico (...) sobre estados federados como en este caso el de Texas", explicó John Bellinger, representante estadounidense ante la Corte de La Haya.

En ese sentido, el portavoz del gobernador texano, Rick Perry, dijo que en nada cambia "lo que diga un tribunal extranjero", pues el estado de Texas no está obligado a acatarlo.

Según datos de la organización no gubernamental Fondo para la Defensa Legal y Educación (NAACP, por su sigla en inglés), en los corredores de la muerte en EE.UU. había en febrero de este año 53 mexicanos, 7 cubanos, 4 jamaicanos, 12 centroamericanos, 4 colombianos, un peruano, un argentino y un haitiano.

Son varios los países que han alzado la voz y actuado en favor de sus ciudadanos condenados a muerte en Estados Unidos.

Es el caso de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., donde por mandato constitucional la pena capital está prohibida desde 1952, pero los casos juzgados por el Tribunal Federal en la isla son susceptibles de que se aplique ese castigo, aunque para las ejecuciones los reos son trasladados a prisiones estadounidenses.

Esta semana se avivó el debate en la isla, ante la posibilidad de que la Fiscalía pida la máxima condena para seis policías municipales acusados de matar a golpes a un detenido en 2003.

Aníbal Acevedo Vilá, gobernador de Puerto Rico, pidió a EE.UU. que se respete la "idiosincrasia" de la isla. "Creemos en el castigo seguro al criminal, pero no creemos en la pena de muerte", aseveró.

En Honduras hoy se anunció que el Gobierno pedirá de nuevo clemencia para Heliberto Chi, cuya ejecución en EE.UU. está prevista para el próximo 7 de agosto, y además solicitará que se revisen las condenas a otros dos hondureños condenados al mismo castigo.

El 26 de junio de 2007, la defensoría del Pueblo de Ecuador anunció que iba a apelar la sentencia del ecuatoriano nacionalizado estadounidense Nelson Serrano, de 68 años, condenado por el asesinato de cuatro personas en 1997.

Cuba y Guatemala son los únicos países de América Latina donde aún se contempla la pena de muerte para delitos ordinarios y Estados Unidos es el país del continente que sobresale por la aplicación de este castigo, restablecido por el Supremo en 1976, fecha desde la cual se han llevado a cabo 1.099 ejecuciones.

El Gobierno de Cuba aplicó por última vez la pena de muerte el 11 de abril de 2003. Desde entonces, la isla mantiene una "moratoria" de facto en la aplicación de la pena máxima.

En América Latina, hay países que establecen la pena de muerte únicamente para delitos previstos en el código penal militar o los cometidos en tiempos de guerra.

En Brasil la pena capital fue aplicada por última vez el 28 de abril de 1876, cuando el esclavo Francisco fue ahorcado en la plaza pública de la localidad de Pilar de Alagoas (noreste), mientras que en Colombia se remonta al 7 de mayo 1907, fecha en que fue fusilado por pirómano Manuel Saturnino Valencia.

En Bolivia, la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1967 y fue eliminada del Código Penal con la reforma de 1997.

La Constitución peruana, aprobada en 1993 tras el auto-golpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, aunque no se ha aplicado en las últimas décadas.

Frente a los países donde aún rige la pena capital, está el grupo de los abolicionistas, formado por Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Además de EE.UU., Cuba y Guatemala, los países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes en América, según Amnistía Internacional, son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

El 18 de diciembre de 2007, el plenario de la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución impulsada por la Unión Europea (UE) que, por primera vez, insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte.

La resolución expresó la preocupación por la continuada aplicación de la pena capital e instó a los países que la mantienen en sus códigos penales a que "establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolirla".

Un informe de Amnistía Internacional de octubre pasado señaló que al menos 1.591 personas fueron ejecutadas y 3.861 condenadas a muerte en 2006 en el mundo.

Si Texas no obedece la suspensión ordenada por la CIJ, el próximo 5 de agosto será ejecutado allí el mexicano José Ernesto Medellín, condenado por violar y estrangular a dos jóvenes en 1993.