Irlanda rechazó ayer el Tratado de Lisboa, trascendental para el futuro de la Unión Europea (UE), al votar no en referéndum el 53,4% de los electores que acudieron a las urnas, frente al 46,6% que se pronunciaron por el sí. Con una participación final del 51%, la campaña del Gobierno y sus aliados -la mayoría de los partidos nacionales, los sindicatos y la patronal- ha encajado una dolorosa derrota, ya que la mayor afluencia a las urnas que en consultas anteriores beneficiaba en principio al sí.

El no se impuso de forma mayoritaria en 36 de las 43 circunscripciones de la República, si bien el voto negativo fue más pronunciado en las zonas rurales y entre las clases trabajadoras que en las grandes ciudades y las clases medias. De los casi tres millones de irlandeses que estaban llamados a las urnas, 862.415 votaron no y 752.451 optaron por el sí, según las cifras oficiales hechas públicas ayer.

El no irlandés al Tratado de Lisboa vuelve a colocar a Europa ante el vacío, y ello en el peor de los momentos, con la galopante crisis económica instalándose en los hogares y el descontento creciendo cada día.

Basta que un país rechace la ratificación para que el nuevo Tratado europeo, que pretende mejorar el funcionamiento de la Unión ampliada, no pueda entrar en vigor. Ésta es la primera consecuencia de lo ocurrido en Irlanda en la consulta del jueves.

Las reformas internas que la UE persigue desde hace más de un lustro, con el fin de agilizar sus mecanismos de decisión y aumentar su peso e influencia en el mundo, tendrán que seguir esperando. Pero todavía es pronto para certificar la muerte del Tratado de Lisboa, heredero de la malograda Constitución europea, como se han apresurado a hacer algunos militantes del no dentro y fuera de Irlanda. "No ha muerto. Todavía está vivo", ha afirmado en rueda de prensa en Bruselas el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. El jefe del Ejecutivo europeo no ha podido dar ninguna pista sobre cómo reanimar al Tratado, pero ha urgido a todos los estados miembros que aún no lo han hecho (8 de 27, incluida España) a seguir con el proceso de ratificación. Es la única manera de obtener, ha dicho, "una fotografía completa" de la situación.

El llamamiento se dirige sobre todo, sin nombrarlos, a los gobiernos del Reino Unido y la República Checa, y en menor medida a Suecia y Dinamarca, todos ellos sujetos a fuertes presiones internas de una población muy euroescéptica. Si estos países optan por suspender la ratificación parlamentaria, el Tratado de Lisboa sí que habrá muerto y la crisis será entonces muy profunda.

La clave la tiene Gordon Brown. Sobre el premier británico van a arreciar las presiones para que convoque un referéndum o suspenda la ratificación, ahora que los vecinos irlandeses han rechazado el Tratado.

El presidente de turno de la Unión, el primer ministro esloveno Janez Jansa, recordó que "no es la primera vez" que un Tratado europeo ha de hacer frente al rechazo de la ciudadanía y que la UE siempre ha terminado por encontrar una solución.

Se abre, pues, un período de parón inevitable y los gobiernos y el funcionariado europeos se ven forzados a distraer nuevamente su atención de los problemas ciudadanos inmediatos para buscar una salida al atolladero institucional. La cumbre de jefes de Estado o Gobierno de la semana que viene, que tenía muy arriba en su agenda la cuestión de los precios de los alimentos y los carburantes, tendrá que abordar inevitablemente este fracaso.