El debate social sobre el peaje en las autovías está completamente perdido -¿después del sablazo de Hacienda, alguien defendería un nuevo impuesto por bajar por ejemplo un domingo a la playa?- y el debate técnico y económico, irremediablemente condicionado por los intereses contrapuestos de los lobbies de la construcción y las concesionarias frente a los transportistas. Un par de cifras dan idean del negocio: el Estado se gasta más de 1.100 millones anuales en el mantenimiento de la red viaria de alta capacidad y sólo aplicando 3 céntimos por kilómetro para vehículos y 14 para camiones, Seopán calcula unos ingresos de 1.200 millones al año.

Pero lo más sorprendente de la "reflexión" que han abierto esta semana los ministros Ábalos y Montero -¿otra serpiente de verano?- es que el debate político se ha lanzado a la inversa: un gobierno supuestamente progresista privatizando la red viaria básica del Estado y un gobierno de derechas (el andaluz) tildando la iniciativa de "broma" y oponiéndose de forma frontal a estudiar "fórmulas público-privadas" en la gestión de las vías de alta capacidad, justo el modelo que va a marcar toda la estrategia de la nueva Junta (PP-Cs) en infraestructuras.

La A-92, la gran red que vertebra toda Andalucía, quedaría al margen de la propuesta porque la titularidad pertenece a la Junta y no al Gobierno estatal pero no ocurriría igual en la A-7 que discurre por todo el litoral ni en la AP-4 de Sevilla a Cádiz, que podría sufrir una nueva tasa justo cuando celebran la eliminación del peaje de la autopista (previsto para el 1 de enero de 2020 tras años de reivindicación). En el caso de Granada, el peaje podría afectar a la futura Segunda Circunvalación y a esa A-44 que tantos años de demoras y contratiempos nos costó soportar hasta hacer realidad el sueño de bajar a la playa ¡sin conos! y en menos de una hora. ¿Se imaginan los atascos que volverían a montarse con unas cabinas a las puertas de Motril, Salobreña o Almuñécar?

El caso es que en política siempre hay razonamientos morales con que justificar los daños colaterales y los perjuicios: los 1.200 millones de recaudación anual abrirían la posibilidad de "liberar recursos" para dependencia, pensiones y gasto social. ¿Otro parche al agujero de la Seguridad Social? ¿Y nos lo creemos? Porque lo que ha hecho Portugal poniendo tasas en toda su red es pagar deuda e intentar reactivar la economía asumiendo los duros ajustes que imponía Bruselas. Cuando Pedro Sánchez sitúa como modelo la 'vía lusa' del socialista Antonio Costa, ¿se refiere sólo a su ideal de un Gobierno en solitario con el apoyo puntual del resto de fuerzas de izquierdas o también a sus recetas de supervivencia en un contexto global neoliberal? Justo ese en el que todos los ejecutivos rescatan… pero a los bancos.

Otra pregunta sensible: si al final optamos por medidas tan impopulares como el repago en las autovías, aunque sea con ese finsuperior de salvaguardar nuestro estado del bienestar, ¿también acabaremos admitiendo el copago en la sanidad y derivando pacientes del sistema público al privado para reducir las listas de espera? Y si éste es el camino, ¿terminará incluyendo el PSOE una bajada de impuestos en su programa electoral? Porque una cuestión lleva a la otra y, en la práctica, supondría disputar a PP y Cs algunas de sus medidas electorales estrella.

La realidad es que el debate del peaje tiene una lectura técnica y social pero evidencia un trasfondo político e ideológico mucho más relevante. Y preocupante incluso si nos colocamos en un horizonte preelectoral donde cada vez resulta más difícil saber dónde está la derecha, la izquierda y hasta el centro. Prueba de ello es la estrategia de precampaña que acaba de lanzar el PP con su Suma Navarra, Suma Andalucía, Suma España… En el partido de Casado ya han asumido que son lo mismo que Cs -está por ver qué dice Rivera y si son también lo mismo que Vox- con vistas a conseguir el 10 de noviembre lo que la Ley D'Hont les niega: sumar. De momento, sería el gran punto de inflexión de la temida repetición electoral: aunque todos votáramos igual, el arco parlamentario sería otro… ¿Otro órdago?