En algunos restaurantes de PlayaGranada ya no se puede cenar sin dar el nombre completo y tu teléfono móvil. ¡Por si acaso! Un rastreo casero y manual que esquiva los problemas de las sofisticadas aplicaciones para móviles que empresas y gobiernos quieren generalizar para frenar los contagios. Ocurrió en Singapur cuando sólo el 20% de la población se instaló la app del Trace Together, en Francia ha desatado una encendida polémica con ciudadanos poco dados a "comprar la tecnología ahora y preguntar después" y acaba de lanzarse en España con más debate sobre su efectividad que sobre los riesgos que supondrá la espiral de pérdida de libertades en que nos está sumiendo la pandemia.

Radar Covid se empezó a diseñar en marzo, en la esfera parlamentaria apenas ha suscitado un par de preguntas del PP y Vox y, a nivel ciudadano, es justo ahora cuando empieza a ocupar cierto protagonismo a medida que se extienden las descargas y se inundan los medios con el cómo funciona, cómo se instala y para qué.

Parece todo muy nuevo pero no lo es: el contact tracing es una herramienta sanitaria que ya se utilizó para desactivar otras enfermedades como el ébola que azotó África en 2014. Lo nuevo es la intensidad, la velocidad y la globalidad que está imprimiendo el coronavirus y, sobre todo, sus implicaciones a largo plazo con el big-data y la inteligencia artificial como peligrosos aliados del mundo digital.

Parecen debates secundarios, casi improcedentes, cuando crece la preocupación por los rebrotes, el riesgo a que un nuevo cierre de fronteras lamine la remontada económica que debía llegar del turismo y el miedo a que la vuelta al cole y al trabajo de septiembre se traduzca en otro confinamiento. ¿Será capaz el rastreo de evitarlo?¿Importaría si así fuera que trafiquen con nuestros datos?

Lo cierto es que empresas y estados están empeñados en convencernos de que hay una dicotomía insalvable entre la privacidad y la salud. Que es el precio que debemos pagar. ¿Pero realmente es así? Porque, junto al viejo derecho a tener un espacio propio, las normativas de Protección de Datos han fijado la "autodeterminación informativa": el derecho a saber cómo se usan nuestros datos, por cuánto tiempo, con quiénes se comparten…

Apple y Google están desarrollando una plataforma conjunta que permitiría preinstalar la app en nuestros móviles: ya no tendríamos nada que decidir ni opinar. ¿Se solucionó el problema o se acabó el debate? Igual no es tan peregrino que exijamos transparencia, que preguntemos antes de darle a "descargar" y "aceptar".