El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente a María Jesús García Pérez, la “juez pitonisa” de Lugo que al parecer cobraba por echar las cartas pero que, curiosamente, no supo adivinar el futuro que ahora le espera con una posible suspensión profesional de tres años.

Esta juez de 55 años, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, tiene una trayectoria llena de curiosos pluriempleos. En Las Palmas de Gran Canaria fue expedientada por hacer strip-tease en un club nocturno. De aquella sanción, investigada en 2001, se libró porque dijo que lo hacía por hobby, sin cobrar y en sus ratos libres.

El aspecto físico debe ser una de sus preocupaciones, pues en 1999 el CGPJ le impuso un año de suspensión por una falta muy grave: no acudir al juzgado cuando estaba de guardia para tramitar la puesta disposición judicial de un detenido. María Jesús lo explicó diciendo que estaba en el gimnasio.

Se da la circunstancia de que ahora puede librarse de este nuevo expediente porque el trabajo de tarotista no se encuentra entre las actividades prohibidas a los jueces. En principio, los magistrados tienen un régimen muy severo de incompatibilidades y sólo pueden dedicarse a la docencia, la investigación, el arte, la literatura y la administración de empresas familiares. Tienen prohibidas las “actividades mercantiles”.

García Pérez ha tenido destinos en toda España, de Galicia a Canarias, y sus rarezas habían llamado antes la atención al promotor de la Acción Disciplinaria en el órgano de gobierno de los jueces. Fue investigada por fumar en la sala de vistas en Bilbao (ella dijo que lo hacía entre juicio y juicio para ahorrar tiempo y no bajar a la calle) y por comentarios ofensivos hacia las víctimas de la violencia de género vertidos, precisamente, cuando era titular de un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Santander.

En Santiago de Compostela, los abogados se quejaban de que llevaba un gato a los juicios.

En las octavillas que obran en poder del CGPJ se anunciaba como tarotista y vidente por un “precio económico” de 20 euros, sin límite de tiempo en consulta. Ella misma colocaba las octavillas en los parabrisas de los coches y en los bares situados en torno a los juzgados de Lugo, delante de todos sus compañeros y funcionarios judiciales.

María Jesús se ha defendido diciendo que quien echaba las cartas era su empleado de hogar. El único problema: que un periodista del periódico El Progreso fue testigo de una de sus consultas y ya ha testimoniado ante el CGPJ. En breve será ella misma quien comparezca ante el órgano de gobierno de los jueces para despejar su futuro.