Curiosa está resultando la batalla dialéctica que acaba de comenzar en la prueba estrella de los ERE: los informes periciales elaborados sobre el sistema por el que durante una década se estuvieron concediendo las ayudas en Andalucía.

De un lado de este especial ring en el que se está convirtiendo el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE se sitúan los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a los que la juez Mercedes Alaya encargó en 2012 la elaboración de un informe pericial sobre las ayudas que se ha convertido en la prueba principal de las acusaciones contra los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La pericial oficial es obra de Ángel Turrión Macías, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; Eduardo Villaseca, licenciado en Derecho; y Rosa María Hernández, licenciada en Ciencias Químicas. Falta un cuarto perito –Jesús Ruiz-Ayúcar–, que fue dispensado de asistir a la vista oral por problemas de salud. El jefe del equipo pericial judicial, Ángel Turrión, explicó que, en conjunto, atesoran una experiencia de más de 130 años en el control de las cuentas de la Administración del Estado.

Los peritos Juan Zornoza y Manuel Martínez Lago, que han elaborado un informe pericial para la defensa de Antonio Lozano y José Antonio Griñán.

Los peritos oficiales también están interviniendo en otras causas como las de los cursos de formación y los avales de IDEA, macrocausas que se investigan en el mismo juzgado de Sevilla que instruyó el caso de losERE; en la causa de los cursos de formación que se investigan en Galicia; y además Turrión hizo un informe en la causa contra la ex directora de RTVE Pilar Miró por la compra de ropa con fondos del ente público y de la que finalmente fue absuelta.

Frente a esos más de 130 años de experiencia en el control de las cuentas del Estado que atesoran los peritos designados en auxilio de la Justicia, se alzan los brillantes currículos que tienen los otros seis peritos, todos ellos catedráticos de diversas disciplinas y con numerosas publicaciones a sus espaldas.

Dos de los principales peritos son los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago, quienes han elaborado un informe que contradice las tesis del peritaje oficial a instancias del ex director general de Presupuestos AntonioVicente Lozano y del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, quien presentó este dictamen ante el Tribunal Supremo cuando fue imputado por el Alto Tribunal. Zornoza es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y también intervino como perito en la causa de Pilar Miró, como recordó al tribunal.

Por su parte, Martínez Lago, con más de 100 publicaciones relacionadas con la materia, también ha elaborado un dictamen para el Consejo General de la Abogacía sobre la financiación del sistema de asistencia jurídica gratuita y ha sido nombrado recientemente presidente del Tribunal Económico del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

La ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha presentado un informe pericial elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Ramallo Massanet, que fue diputado socialista en el Congreso, donde presidió la Comisión de Economía, y es miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo, del que formó parte entre los años 2006 y 2012. Su peritaje se centra en las competencias de la consejera de Economía en relación con la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Por su parte, los catedráticos Juan Antonio Carrillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera intervienen como autores de un informe realizado a instancias de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo. Carrillo Donaire es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Sevilla y cuando elaboró el informe era además decano de la Universidad Loyola de Andalucía; mientras que Jiménez Aguilera es catedrático de Hacienda de la Universidad de Granada y fue vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y en su curriculum destaca asimismo más de un centenar de publicaciones.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández también ha aportado un dictamen pericial, en este caso a cargo del catedrático de Derecho Administrativo José Ignacio López, que ha realizado un análisis sobre las funciones y responsabilidades del ex titular de Empleo.

Tras la exposición de los currículos y la ratificación de todos los informes periciales durante la primera sesión de la práctica de esta prueba que se desarrolla de manera conjunta, con la participación de todos los peritos, comenzó el interrogatorio por parte del fiscal delegado de Anticorrupción, Manuel Fernández Guerra. Como era de esperar, los catedráticos que han elaborado dictámenes a instancias de estas defensas comenzaron el ataque frontal a las tesis de los peritos de la IGAE, que son las que sustentan los principales argumentos acusatorios de la Fiscalía y de las acusaciones populares (Partido Popular y Manos Limpias).

La tesis acusatoria, en las primeras preguntas

Ya en la primera sesión, el jefe de los peritos de la Intervención, Ángel Turrión, dejó caer ante las primeras preguntas generales del fiscal, que en el caso de los ERE se utilizó de manera “indebida e ilegalmente” la figura de las transferencias de financiación realizadas por la Consejería de Empleo a IDEA para el pago de las ayudas. El uso de las transferencias es uno de los caballos de batalla, por cuanto peritos oficiales y de parte discrepan sobre la finalidad de las mismas, dado que la IGAE defiende que únicamente pueden ser utilizadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa pública que actuaba como caja pagadora –en este caso, la agencia IDEA– y no para el pago de las ayudas de los ERE.

En la segunda sesión de la práctica de la prueba, el debate cobró aún más intensidad, pasando al contraataque los peritos de las defensas, que reprocharon a los peritos judiciales que sostengan en su dictamen que el Parlamento fue “engañado”, en relación con la partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

El catedrático Juan Ramallo reprochó a los peritos oficiales que con afirmaciones como las que se incluyen su dictamen “están preparando el terreno para luego hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprueba una ley fraudulenta o errónea”, algo que, subrayó, “va al corazón del sistema democrático”, al apuntar a una supuesta “inutilidad del Parlamento” en lo que se refiere al control de la ley de Presupuestos.

Una vez más, Ángel Turrión lideró en este caso a los peritos de la IGAE para responder a su vez con contundencia, al argumentar que “nunca” han afirmado en su informe que la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza sea “errónea y fraudulenta”, pero en cambio reconoció que el documento sí recoge que el Parlamento fue “inducido a error por el Consejo de Gobierno de la Junta”, porque el proyecto de ley de Presupuestos que se le remitió “estaba fraudulentamente elaborado” y ha añadió que al referirse al término fraudulento, lo hacía en el sentido que recoge estrictamente el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, de “engañoso o falaz”.

Aunque el ataque de los catedráticos a los peritos sea demoledor, lo cierto es que los expertos de la IGAE son igualmente vehementes al defender sus tesis, sean o no las más acertadas, de acuerdo con los argumentos de los otros peritos.

La IGAE no es la única enemiga, surgen las primeras disidencias en la unidad de las defensas

Estas primeras sesiones han puesto de manifiesto que la IGAE no es la única enemiga a batir, sobre todo después de que los peritos de Griñán hayan culpado a la Intervención General de la Junta –en el juicio está procesado el ex interventor general Manuel Gómez– de no haber controlado las ayudas y no actuar frente a las irregularidades que habían sido denunciadas reiteradamente en los informes de la Intervención.

La entente cordiale entre las defensas de los responsables políticos de las consejerías y el órgano de control, que a lo largo de las declaraciones de los 22 acusados y de los más de un centenar de testigos se había mantenido para tratar de no echarse los trastos a la cabeza unos a otros, ha quedado tocada con las periciales. O al menos eso parece.