Sierra Nevada

El sueldo del consejero delegado, un escollo legal hasta última hora en el relevo de Cetursa

  • La empresa de Sierra Nevada ha tenido que deshacer el último cambio estatutario que dejaron los anteriores responsables, en el que se flexibilizaron el control y los límites en las retribuciones del cargo ejecutivo.

  • El Registro Mercantil alertó de la ilegalidad.

Primera gran nevada en el último mes.

Primera gran nevada en el último mes. / Cetursa

El sueldo y los controles que debe pasar el contrato de alta dirección del consejero delegado de Cetursa han sido un escollo legal con el que se ha encontrado el nuevo Gobierno andaluz antes de proceder al relevo de sus órganos directivos. El Registro Mercantil rechazó y advirtió de la ilegalidad de los últimos cambios estatutarios de la sociedad que gestiona Sierra Nevada (aprobados en 2018), donde las remuneraciones del principal cargo ejecutivo se convertían en un asunto discrecional.

El año pasado la Junta de Andalucía aprobó unos cambios en los estatutos de Cetursa Sierra Nevada SA (el 18 de septiembre recibieron el visto bueno del Consejo de Gobierno) que abordaban varias cuestiones, entre las que destaca lo concerniente al artículo 24, de "nombramiento del consejero delegado o consejera delegada". Tal y como quedaba redactado, la autorización del contrato de alta dirección se convertía en algo potestativo del consejero responsable y se eliminaba el requisito de que fuera aprobado por las dos terceras partes del Consejo de Administración de la entidad, así como que el documento fuera adjuntado al acta de la sesión.

Respecto a las retribuciones del consejero delegado, también desaparecían en el nuevo texto los requisitos anteriores que establecían que todas ellas debían de estar contenidas en el contrato. Ya no aparecía la parte en que se especificaba que "el consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato". 

Pero el Registro Mercantil rechazó inscribir este nuevo texto y alertó de la ilegalidad de algunas de sus partes. A juicio del registrador, la nueva redacción de los estatutos incumplía la Ley de Sociedades de Capital, así como recientes sentencias del Tribunal Supremo

También había reparos respecto al artículo que regulaba el Consejo de Administración, pues se introdujo una nueva composición para incluir a una serie de vocales natos por cada uno de lo socios actuales de la empresa u otras entidades de derechos público (como el Ayuntamiento de Granada o la Diputación Provincial). Pero el registrador advirtió de que esto podría "infringir el principio de representación proporcional dentro del Consejo"; es decir, que se minimizaba el poder del socio mayoritario que es la Junta. 

Ante el rechazo en la inscripción del Registro, Cetursa inició el trámite para deshacer esos cambios y aprobar un texto acorde a la ley. No fue hasta el pasado 26 de febrero cuando el nuevo Consejo de Gobierno dio el visto bueno al documento, que tenía que ser ratificado por la Junta General de Accionistas, reunida el pasado miércoles en Granada. Hasta ese momento, por tanto, no quedaron desbloqueados los cambios para sustituir a los miembros del Consejo de Administración y proponer el relevo del consejero delegado. 

La socialista María José López es sustituida en el cargo por Jesús Ibáñez Peña, un inspector de Hacienda, no afiliado al PP, y con un perfil técnico muy destacado en el ámbito económico y fiscal. 

El nuevo consejero delegado, en virtud de lo que establecen los recién aprobados estatutos, tendrá un contrato de alta dirección que tendrá que pasar por el consejo de administración y en el que se detallarán todos los conceptos de sus retribuciones (no podrá percibir nada que sea ajeno a este documento), como los posibles cobros en especie o una hipotética indemnización por cese

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