Algunas de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo se reunieron para exigir al unísono al Gobierno que aplique la Ley de Bases de Régimen Local y disuelva de inmediato los 42 ayuntamientos gobernados por ANV. En un manifiesto conjunto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Foro de Ermua, Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordóñez y Covite responsabilizaron al Ejecutivo de la presencia y la permanencia de los proetarras en las instituciones y pidieron que actúe para poner fin a esta anomalía democrática "sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas".

La presidenta de Covite, Cristina Cuesta, fue la encargada de leer este manifiesto en el que denuncian que el Gobierno incumplió la ley al permitir que ANV se presentara a las elecciones cuando su vinculación con ETA y Batasuna "estaba más que acreditada" y responsabilizan al Ejecutivo tanto de la entrada de ETA en las instituciones como de su permanencia en ellas al negarse ahora a disolver los ayuntamientos tras la ilegalización de ANV.

Así, piden la disolución "inmediata" de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV tal y como exige "la dignidad de las víctimas del terrorismo y el Estado de Derecho". "Esta elemental medida debe tomarse sin más dilaciones y sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas", señala el comunicado que rechaza las "excusas" que pone el Gobierno para no actuar contra estos ayuntamientos y asegura que se está intentando "engañar" a la sociedad a través de argumentos "falsos y pseudojurídicos". 

En este punto señalan que el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local ya permite la disolución que "necesita" la lucha antiterrorista y que si no se acomete es porque "no hay voluntad de aplicar la ley". El mismo artículo que esgrimieron tanto el PP como UPyD en las mociones que presentaron en el Senado y en el Congreso, respectivamente, para disolver en bloque todos los ayuntamientos de ANV y que fueron rechazas. En este sentido, la presidenta en funciones del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar, se refirió a la división mostrada en las Cortes Generales durante el debate de esta mociones y lamentó que estas iniciativas se rechazasen con argumentos "llenos de cinismo y aparente legalidad".

En su comunicado unitario, las asociaciones de víctimas también denuncian que la permanencia de ANV en las alcaldías permite que el público sea utilizado "para financiar los atentados y el entramado terrorista y que desde las instituciones municipales se amedrente a los ciudadanos demócratas y se profundice en la pedagogía de la violencia". 

El manifiesto destaca que en la lucha contra ETA "no bastan los importantísimos éxitos policiales" que se están produciendo, sino que es necesario "mantener una política coherente a lo largo del tiempo, sin supeditarla a conveniencias electorales o partidistas", "redoblar los esfuerzos internacionales", "hacer frente a todo el entramado civil e institucional de ETA" y "eliminar de manera radical y absoluta cualquier apelación o puerta abierta a la negociación". 

En este sentido, rechazaron augurar si el Gobierno está pensando en una nueva negociación con la organización terrorista y explicaron que se remiten "a hechos y no a conjeturas", aunque Cuesta sí que aseguró que están "alerta" por si esto ocurriera. La presidenta de Covite insistió en que no están "capacitados" para hacer análisis subjetivos aunque puedan tener "sospechas" como todo el mundo.

Pero aunque estas seis asociaciones de víctimas reclamen al Gobierno que actúe ya contra los ayuntamientos de ANV, el Ejecutivo sigue con sus planes y está estudiando todas las posibilidades, incluida la reforma de diversas leyes, lo que llevaría varios meses. De hecho, el Gobierno espera tener a finales de enero informe jurídico completo sobre la posibilidad de expulsar o impedir que un partido ilegalizado, como en este caso es ANV, gobierne ayuntamientos u otras instituciones.

Entre las vías que estaría barajando el Gobierno estarían reformas legales, no solo de la Ley de Bases de Régimen Local, sino también de otros cuerpos normativos como la Ley Electoral General o la Ley de Partidos Políticos. Pero además de la reforma legal, que podría llevar un año, el Gobierno trabaja también en otros frentes y está recopilando datos sobre las actuaciones en los ayuntamientos gobernados por ANV -que pueden ir desde no condenar los atentados a mantener calles o plazas con nombres de etarras- que puedan constituir pruebas para actuar contra cada uno de estos consistorios de forma individual.