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El joven que perdió un brazo trabajando reclama acciones penales contra los empresarios

  • El trabajador sostiene que el empresario le dijo que "no comentara que había sido un accidente laboral".

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El trabajador boliviano Franns Rilles Melgar, que perdió un brazo en un accidente laboral en una panificadora de Real de Gandia, se ha ratificado hoy ante el juez de Gandia que instruye el caso en sus acusaciones contra los dueños de la empresa, y reclama "acciones penales y civiles" por daños y perjuicios y por las lesiones derivadas del suceso. 

Rilles Melgar ha acudido a las 10:30 a los juzgados de Gandia acompañado de su abogada, María Jose Veiga, de CCOO, y del cónsul de Bolivia en Valencia, Mario Touchard, y ha declarado ante el titular del juzgado de instrucción número 6 durante algo más de dos horas. 

A la salida del juzgado, en declaraciones a la prensa, el trabajador ha asegurado que se ha ratificado ante el juez en sus declaraciones iniciales. 

Ha reiterado que uno de los dueños de la panificadora le trasladó al hospital y le dejó "fuera" del centro, y ha asegurado que recuerda todo lo que sucedió y "no perdió el conocimiento" en los dos primeros días después del accidente. 

El trabajador sostiene que, cuando era trasladado al hospital, el empresario le dijo que "no comentara que había sido un accidente laboral", y que "si preguntaban algo dijera que había sido un accidente". 

Del mismo modo, mantiene que los empresarios no se pusieron en contacto con él durante el tiempo que estuvo ingresado en el hospital Virgen del Consuelo de Valencia. 

Respecto a las circunstancias en las que se produjo el accidente, Rilles Melgar ha manifestado que la máquina "tenía muchos fallos", y ha negado que los empleados manipularan por su cuenta las maquinas: "siempre se hacía por indicación de los empresarios". 

Otras tres personas, también de origen boliviano, trabajaban junto a él en la panificadora de forma ilegal, ha asegurado Rilles, quien ha agregado: "espero que me den una indemnización, no sé qué podré hacer con un brazo". 

Su abogada, María José Veiga, ha asegurado que "el juez le ha hecho el ofrecimiento a su cliente de las acciones penales y civiles que llevan aparejados este tipo de incumplimientos delictivos, el accidente de trabajo en cuestión". 

"Mi cliente ha manifestado que quiere reclamar por la vía penal y civil por sus lesiones, por el incumplimiento de la empresa en las medidas de seguridad y por ilegalidad laboral, además de manifestar su intención de mostrarse parte en el procedimiento en calidad de acusación particular", ha declarado la letrada. 

Por su parte, el cónsul de Bolivia en Valencia, Mario Touchard, ha asegurado que este accidente ha supuesto "un golpe muy fuerte para los bolivianos" y ha tenido una "repercusión mundial". 

"Nosotros no vamos contra los empresarios, simplemente es la actitud de una persona", ha reprochado Touchard en referencia a los jefes de Rilles en la panificadora y al hecho de que "tiraran el brazo y le abandonaran en una esquina". 

El cónsul ha informado de que se encuentra en conversaciones con el Gobierno español para que "se regularice por arraigo a los bolivianos que residen en España desde hace tres años". 

Actualmente, 320.000 bolivianos residen en España, 60.000 en la Comunidad Valenciana, ha señalado Touchard.  

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