El Supremo pide investigar filtraciones de un informe de la Guardia Civil con mensajes del fiscal general

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha pedido a los juzgados de Madrid investigar las filtraciones de un informe de la Guardia Civil que contenía mensajes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.

El magistrado, que investiga a su vez a estos dos fiscales por presunta revelación de secretos en relación a la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, adopta esta decisión a petición de García Ortiz y al ser los juzgados de Madrid los competentes en investigarlo.

Hurtado acuerda deducir testimonio y remitir a estos juzgados "a los efectos oportunos" las quejas del fiscal general y la fiscal jefe provincial por las filtraciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 21 de noviembre, que analizaba los mensajes de Pilar Rodríguez tras el volcado de su móvil.

Precisamente el instructor, cuando acordó el pasado 25 de noviembre alzar el secreto del informe pericial de Rodríguez, advirtió sobre el mismo que "está prohibida su difusión a terceros".

El instructor toma la misma decisión en relación con otra queja presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también denunció filtraciones en la causa.

Ahora bien, en su providencia rechaza la solicitud de García Ortiz de pedir a la UCO que imparta instrucciones para que no se incluyan mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos en su informe.

En este sentido, señala que no ha lugar acceder a dicha petición por considerarse que "no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento".

Con este mismo argumento, el instructor rechaza en otra providencia la denuncia de la Abogacía del Estado, en representación de los dos investigados, por irregularidades y omisiones en el informe pericial de la UCO del 21 de noviembre, así como por vulneración de derechos fundamentales, y en la que se formulan distintas peticiones.

El Supremo rechaza apartar de la causa a Rodríguez

Por otra parte, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso de súplica de Pilar Rodríguez contra la apertura de la causa penal contra ella en el alto tribunal.

La Abogacía del Estado tildó de "evidente" y "manifiesto error" la tesis de que por haber tenido acceso al correo del 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador reconoce los hechos y ofrece un pacto a la Fiscalía, y haber colaborado en la difusión de la nota de prensa del 14 de marzo, haya de ser sospechosa de filtrar correo alguno, además de considerar que no hay indicios cualificados contra ella para abrir una investigación.

Pero la Sala responde que en su auto no valoró la participación de Rodríguez en los hechos denunciados, sino que se declaró competente para investigarla por "conexidad inescindible" con los hechos imputados al fiscal general.

Explica que los indicios fueron valorados entonces por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó archivar la causa respecto de ella, por lo que destaca que cualquier petición de sobreseimiento debe formularla ante el magistrado instructor Ángel Hurtado.

Se desconoce cuantas personas accedieron a la denuncia

Asimismo, la Fiscalía de Madrid ha respondido en un escrito a una petición de la Abogacía General del Estado en el que explica que "se desconoce" el número concreto de personas que accedieron a la denuncia del fiscal contra Alberto González Amador.

Señala que las diligencias de investigación que abrió el fiscal se subieron a una carpeta a la que tenían acceso 12 fiscales y 4 funcionarios; después, la fiscal jefe provincial pidió dación de cuentas en virtud del Estatuto de la carrera y fueron escaneadas pero, debido a su "excesivo volumen" que impedía enviarlas por correo, se incluyeron en otra carpeta, a la que tenían acceso 499 personas.

Fuentes jurídicas consultadas precisan que en ese expediente no estaban los correos en los que la defensa de González Amador confesaba que defraudó a Hacienda y trataba de alcanzar un pacto con el fiscal, que es el objeto de investigación del Supremo.

El escrito, firmado por el teniente fiscal de Madrid, José Luis García-Juanes, dice que se cargaron también en una tercera carpeta que se comparte entre la Fiscalía provincial y la de la Comunidad de Madrid, a la que pueden acceder unas 30 personas y un número que se desconoce de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

Y también a una cuarta a la que tienen acceso la fiscal jefe provincial, su teniente fiscal, las fiscales de unidad de apoyo y cuatro funcionarias.