¿Qué tuvo que pasar para que Gobierno y PP accedieran a negociar la renovación de las instituciones del Estado? Ambos coinciden en su apreciación: las dos partes comprendieron que era absolutamente necesaria esa negociación, que la falta de diálogo los perjudicaba. En el Ejecutivo ponen el acento en que fue Pedro Sánchez el que tomó la iniciativa, mientras que en el PP dicen que Casado dio el paso definitivo al tender la mano. Hayan sido uno u otro, el resultado es que el ministro Bolaños se puso a la tarea poniendo en ella todo su esfuerzo y su mejor talante, y lo mismo hizo Teodoro García Egea, secretario general del PP. Este último cree que fue clave que dejaran atrás las diferencias, que parecían irreconciliables, para dedicarse a fondo a lo que los unía y dejar para más adelante lo que les separaba.

En este último capítulo, queda pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero socialistas y populares creen que con los pasos que se han dado esta semana en la renovación de los vocales del Tribunal Constitucional, más el Tribunal de Cuentas, más el Defensor del Pueblo, es más fácil que hace unos meses que Bolaños y Egea puedan sentarse a hablar para abordar el problema del CGPJ. Porque es un problema. Coinciden en que "es mejor no renovar antes que renovar con un mal acuerdo". No ha habido negociaciones sobre el CGPJ en las reuniones de estas dos últimas semanas, pero sí hay mimbres para ir avanzando.

El procedimiento que se marcaron Bolaños y Egea fue que los nombres no tuvieran perfil político sino profesional, sobre todo para el Constitucional, que debe tomar decisiones muy delicadas en el futuro. Una vez que llegaron a ese acuerdo, cada negociador elaboró una lista que pasó a la otra parte. Llegó entonces el momento de analizar las trayectorias de los nombres y avanzar en las negociaciones hasta presentar una lista consensuada.

Los cuatro que entrarán al Tribunal Constitucional, dos por el PSOE y dos por el PP, son conocidos. Por el primero, Ramón Sáez Valcárcel, que fue vocal del CGPJ por Izquierda Unida; también ha sido vocal del Consejo Inmaculada Montalbán, a propuesta del mismo partido. En cuanto a los propuestas por el PP están Concepción Espejel, ex vocal del Consejo y hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo.

Tanto Bolaños como Egea presumen del perfil no político, pero la opinión generalizada en el mundo judicial es que al menos dos, a pesar de su relevancia profesional, sí han mantenido posiciones políticas muy relevantes. Espejel incluso fue recusada para ejercer como juez en el caso Gürtel por su relación con dirigentes del PP, y a Sáez se lo considera un magistrado con posiciones muy cercanas a Podemos. Sin embargo, en el PSOE y el PP creen que son respetables sus simpatías políticas siempre que no afecten a sus decisiones profesionales, y el hecho de que hayan sido recusados no significa que en su carrera hayan actuado en función de su ideología.

Las presiones de Campo

En los últimos días circuló un nombre como posible miembro del TC a propuesta del PSOE: el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, vocal del Consejo en años pasados. Campo, como dice un conocedor de las negociaciones, "se ha movido por tierra, mar y aire" para entrar en el TC, y su nombre salió en las conversaciones, pero no apareció en la lista que Bolaños entregó a Egea. Los socialistas creen que tiene una trayectoria profesional intachable, pero el TC tiene varios recursos sobre iniciativas del Gobierno de Sánchez sobre las que tiene que pronunciarse, y era seguro que Campo sufriría sucesivas recusaciones porque él había formado parte del equipo que tomó esas iniciativas.

Queda también pendiente en el TC la elección del nuevo presidente. Recaerá en alguien designado por el PP, porque hoy son mayoría los vocales propuestos por ese partido. Desde hace años se da por seguro que sería Pedro González Trevijano, que temía que le llegara el momento de la renovación de su puesto, en julio de 2022, antes de ser elegido para ese cargo al que aspira desde que es vocal del Alto Tribunal. En el PP aseguran que no darán instrucciones a sus miembros sobre el sentido de su voto, pero es un secreto a voces que son los deseos del partido y además Trevijano es un hombre que cuenta con el reconocimiento de sus compañeros. Por otra parte, el nuevo presidente debe formar parte de los vocales del turno del que forma parte Trevijano, el de los vocales elegidos justo antes de los que han acordado esta semana Bolaños y Egea.

¿Mariscal de Gante?

En la renovación del Defensor del Pueblo no hubo problema para que García Egea diera el sí a Ángel Gabilondo. Era un nombre que el PP ya aceptaba cuando circuló meses atrás, antes de que Sánchez le pidiera que fuera el candidato contra Díaz Ayuso en Madrid, lo que el ex ministro de Educación aceptó aunque era de dominio público que él aspiraba a ser Defensor.

En la renovación del Tribunal de Cuentas destaca la salida de Margarita Marfiscal de Gante, ex ministra de Justicia con Aznar, que fue la voz dura en las investigaciones sobre las cuentas de los dirigentes condenados por el procés más los de aquellos que cooperaron desde la Generalitat para financiar sus actividades o pagar sus multas y fianzas.

Se ha insinuado que deja el puesto a instancias del PSOE, pero en el PP aseguran lo contrario: hacía tiempo que pensaban en su relevo aunque ella esperaba mantenerse hasta su jubilación. No se han escuchado palabras de defensa en su partido, aunque es difícil discernir si la falta de apoyo es porque se la considera parte del pasado o que Génova no estaba muy de acuerdo con sus decisiones.

La renovación de estas tres instituciones indican que PSOE y PP al menos pueden hablar, aunque queda la parte más delicada, la del CGPJ. Hay algunos avances, pero sólo en el sentido de que al menos hay acuerdo en que es necesario crear el clima para negociar, aunque hoy está lejos de alcanzarse, porque hay discrepancias sobre el empeño de Podemos de dar entrada a una de sus personalidades más significativas, pero, sobre todo, por las diferencias sobre la fórmula de elección de los miembros del CGPJ. El PP exige cambios, pero el PSOE recuerda que no los hicieron ni Aznar ni Rajoy a pesar de sus mayorías absolutas. Un argumento que en el PP provoca gran malestar cada vez que lo menciona algún socialista.