Valencia ha empezado a desarrollar la operación Esperanza Mediterráneo y ha acordado las medidas del primer operativo para acoger a los 629 migrantes que viajan en el Aquarius y otros dos barcos desde Italia, que además de atención sanitaria y psicológica, tendrán el estatus de refugiados y personas de acogida por la situación de "emergencia y excepcionalidad".

La comisión mixta para la atención y acogida a refugiados y desplazados, reunida esta tarde, ha acordado que la zona logística para coordinar la llegada y acogida de los refugiados sea la antigua base del Alinghi, sede de la Copa América, en la Marina, donde está previsto que atraquen los tres barcos en los que han sido repartidos los migrantes desde el Aquarius, después de que tanto Italia como Malta les negaran atracar en sus puertos.

Entorno de la base del puerto de Valencia donde se alojará a los refugiados.

Tras la reunión, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha informado de la "hoja de ruta" de las primera horas de los refugiados en Valencia y ha detallado que serán trasladados a diferentes recursos, en función de su perfil y que quieren que el tiempo de esta primera acogida sea "el menor posible".

Además de la Generalitat, la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Valencia, en la reunión han participado las ONG que trabajan para preparar la acogida, Cruz Roja, encargada de coordinar el dispositivo de emergencia, ACNUR, CEAR, Cáritas, Cepaim y Accem, entre otras entidades.

A lo largo del día, ciudades como Madrid, Barcelona y Alicante se han ofrecido para acoger refugiados, y se han sumado así a comunidades como Andalucía, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Asturias, entre otras que, junto a la Valenciana, firmaron el Pacto Humanitario de Cooperación Autonómica por las Personas Refugiadas Siria.

Los refugiados han conocido que su destino era Valencia, donde está previsto que lleguen en un plazo de "entre tres y tres días y medio", según Oltra.

El Ayuntamiento de Valencia ha vuelto a colgar en su balcón el cartel con el lema "València Ciutat Refugi (Valencia Ciudad Refugio) junto a la etiqueta #volemacollir (queremos acoger), que ya ondeó en el consistorio en septiembre de 2017 con motivo de la acción conjunta en toda España para reivindicar al entonces Gobierno del PP que cumpliera con el cupo de acogida de refugiados al que se había comprometido.

El alcalde, Joan Ribó, ha destacado que desde que se confirmó que Valencia sería el puerto de atraque del Aquarius ha recibido multitud de llamadas de municipios, entidades y particulares ofreciendo su colaboración, "desde la Iglesia a los Boy Scouts".

Carmen Calvo.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que ha anunciado que viajará a Valencia, ha resaltado que España ha cumplido con sus obligaciones internacionales al recibir al buque.

Ha opinado que España ha dado una "imagen impecable" como país, además de mostrar "de manera completamente fidedigna una gran foto del espíritu solidario" y hacer calar en Europa el mensaje de que no puede permanecer "impasible" ante esta crisis humanitaria.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la actitud del Gobierno de Italia "va contra la legalidad internacional" al contestar con "xenofobia" ante la situación de estos inmigrantes y ha apuntado que Europa es "corresponsable" y "no puede permanecer impasible ante el horror" en estas aguas.

En la misma línea, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que asistir al Aquarius es cumplir con el derecho humanitario y con los convenios y acuerdos internacionales firmados, por lo que no ha descartado que "acaben existiendo responsabilidades penales internacionales" de Italia por su actuación.

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han aplaudido el "gesto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ofrecer a España para recibir al barco y aunque lo ven como "buena noticia", consideran que le deben seguir "políticas" de inmigración para atajar esta crisis humanitaria.

La Comunitat Valenciana va a aumentar el número de traductores, de forenses y de personal al servicio de la Fiscalía, especialmente la de Menores, para atender las necesidades jurídicas de los migrantes del barco, según ha explicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.