La ruptura del alto el fuego no fue entendida por muchos de los militantes de la izquierda abertzale y causó malestar entre distintos sectores, entre ellos el que conforman los presos de la banda. De ahí que surgiera una pugna interna en el seno de ETA entre los partidarios de 'Josu Ternera' y los que comulgan con la línea "ofensiva completa contra el Estado" del jefe militar 'Txeroki'. Ahora esta lucha se ha trasladado al entorno político de la banda y Ekin, la estructura clandestina que actúa como delegación política de la banda terrorista en el interior, está situando a los afines a la "línea dura" al frente de la distintas organizaciones de la izquierda abertzale, "aprovechando el vacío" dejado por el encarcelamiento de la mayoría d elos dirigentes de Batasuna, según un informe policial que manejan las Fuerzas de Seguridad.

La actual dirección de la organización terrorista es consciente de que en su seno existe un conflicto, entre los partidarios de 'Ternera' y los simpatizantes de 'Txeroki' que ahora se ha trasladado al ámbito político, por lo que consideran "una necesidad vital" el control de este ámbito, ya que las disensiones podrían desembocar en "una brecha" entre ETA y el resto del conglomerado de la izquierda abertzale, apunta el informe. Sin embargo, los movimientos también llegan de la otra parte. Los más afines a José Antonio Urrutikoetxea, el principal muñidor del último proceso de diálogo, habrían organizado un núcleo de "veteranos" dirigentes de Batasuna con la intención de tomar el control del partido ilegalizado o, en su defecto, de "neutralizar" a los miembros de Ekin. 

El informe policial constata igualmente la pérdida de protagonismo público de los miembros de Batasuna aún en libertad, principalmente por miedo a ser detenidos. Esa clandestinidad en la que se mueve la actual Batasuna es más propicia para los miembros de Ekin, con un perfil político bajo y desconocidos fuera de los foros radicales.

Las Fuerzas de Seguridad siguen atentamente el proceso de renovación en las organizaciones del "entorno político". En el caso de LAB, una de las pocas organizaciones que no ha sufrido un proceso de ilegalización, ese recambio fue público. Ocurrió el pasado abril, cuando uno de las 'cerebros' de la izquierda abertzale en el último proceso de diálogo, Rafael Díez Usabiaga, abandonó el liderazgo del sindicato para ser sustituido por Ainhoa Etxaide, catalogada como seguidora de la línea dura. En el caso de las ilegalizadas Segi, desde la que ETA dirige la 'kale borroka', o Askatasuna, utilizada para mantener el control sobre el colectivo de presos, cualquier movimiento requiere discreción.

A pesar de que la militancia en Ekin es secreta y se suele compatibilizar con otra más visible en la izquierda abertzale radical, el 'comisariado político' de ETA se ha visto también forzado a la renovación, debido al acoso policial y judicial. Los Servicios de Información sospechan que al menos cuatro miembros de Ekin fueron detenidos en la operación que llevó a cabo la Policía contra la Mesa Nacional de Batasuna en octubre de 2007, en Segura (Guipúzcoa). 

Según el citado informe, los actuales miembros de Ekin están alineados con los postulados de Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', respaldando la estrategia seguida desde la ruptura de la tregua, incluido el asesinato de representantes políticos, como el concejal del PSE en Mondragón Isaías Carrasco. Además, el jefe de los 'comandos' habría ascendido tras la detención en Burdeos el pasado mayo de Francisco Javier López Peña, 'Thierry', y ya controlaría por completo la estructura militar de la organización terrorista. 

En medio de este enfrentamiento, los integrantes de Ekin se han encargado de trasladar a los dirigentes de Batasuna encarcelados, entre ellos Arnaldo Otegi, -que saldrá de prisión el próximo 30 de agosto-, que "son unos presos más" y que han pasado a un segundo plano. Este mensaje a los ex dirigentes de Batasuna es otra forma que tiene Ekin de atajar una posible "brecha" entre ETA y el resto del entramado, después de que en los últimos meses se repitieran las quejas en el colectivo de presos por el hecho de que sus abogados se dediquen a recitar discursos políticos en la Audiencia Nacional en lugar de buscarles una situación penitenciaria mejor para sus defendidos.