El Consejo de Ministros ha ratificado este martes el acuerdo entre el Ministerio de Transportes, el de Hacienda y el de Defensa para que este último transmita terrenos de su titularidad a la entidad pública de suelo SEPES para promover 20.000 viviendas, una operación cuyo valor asciende a 620 millones.

Este acuerdo permitirá desarrollar más de 50 actuaciones en 14 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sobre más de 8 millones de metros cuadrados y con la vista puesta en ejecutar 20.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible, según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Proyecto compra de suelo

El valor de esta operación de transmisión es de 620 millones de euros, una iniciativa que ha calificado de muy ambiciosa y que permitirá movilizar todo el suelo disponible de Defensa para conformar este parque público de vivienda.

La ministra ha explicado que una vez suscrito el acuerdo para que Hacienda pueda aportar los fondos necesarios para que el Ministerio de Transportes compre esos terrenos a la sociedad Invied, dependiente de Defensa, se irán materializando los respectivos convenios por cada una de las actuaciones.

Continuar con proyectos anteriores

A este respecto, ha explicado que hay actuaciones que serán más rápidas ya que los suelos ya están preparados, mientras que otras requerirán más tiempo dado que los suelos están pendientes de planeamiento o urbanización. "No son cosas que se puedan materializar de un día para otro", ha agregado.

Esta medida, ha añadido Sánchez, permitirá a su vez continuar con las experiencias que ya se han llevado a cabo con motivo de la Operación Campamento en Madrid, con el cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca, o con algunas otras actuaciones en marcha en Sevilla, Valencia o Valladolid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente, a las puertas de las próximas elecciones del 28 de mayo, la construcción de 20.000 viviendas públicas para alquiler asequible en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, que son adicionales a las 12.000 viviendas de la Operación Campamento, inmuebles que se levantarán también sobre terrenos que pertenecían a Defensa y de los que el 60 % tendrá carácter público.

Avales del ICO

La ley, según explicó hace unas semanas la ministra de Defensa, Margarita Robles, no permite la cesión de esos terrenos afectos a Defensa, que recibirá por ellos una contraprestación económica "según la tasación adecuada", un dinero que se invertirá "en las necesidades de la defensa nacional".

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a una línea de avales del ICO que cubra hasta el 20 % del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años, y a financiar unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de euros de los fondos europeos.

Raquel Sánchez ha vuelto a rechazar las críticas que han hecho sus socios de Gobierno y sus principales aliados parlamentarios a esta medida, y ha hecho hincapié en que "no se puede demonizar la compra" de vivienda y en que es una "buena medida que complementa a otras muchas" que está poniendo en marcha el Ejecutivo.

"Medida positiva"

También ha negado que "pueda compararse" con el llamado programa "Help to buy (ayuda a la compra)" puesto en marcha hace años en Reino Unido y ha insistido en que "no puede leerse como una medida aislada".

"Es una medida oportuna y positiva, que no desvirtúa el objetivo y las prioridades del Gobierno", ha sostenido la ministra, que calcula que podrá beneficiar a unas 50.000 personas.

Con la nueva línea, será el ICO el que avalará esa parte que piden los bancos, que es el 20%, aunque se puede llegar al 25% si la vivienda es de calificación energética D.

Estos avales no tendrán coste para los beneficiarios y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable dos años más.