El Gobierno vasco solicitará al Tribunal Constitucional (TC) que levante la suspensión de la consulta que espera celebrar el 25 de octubre porque ésta "no es un referéndum que requiera de autorización estatal y no atenta contra la soberanía nacional ni es una consulta encubierta sobre el derecho de autodeterminación". Además, considera que el TC debe atender a su petición porque no puede "inmiscuirse" en el debate que plantea el texto y porque lo contrario supondría un "falseamiento de los resultados electorales en Euskadi".

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, dio a conocer ayer las alegaciones que presentará el Gabinete de Juan José Ibarretxe al recurso de inconstitucionalidad contra la consulta presentado por el Gobierno central ante el TC, que se trasladarán al Alto Tribunal antes de la fecha límite del 8 de agosto.

Las alegaciones constituyen "el primer paso" de las medidas jurídicas e institucionales anunciadas por el tripartito vasco en respuesta al "atropello al autogobierno" que, a su juicio, supone el recurso del Ejecutivo central. La vicelehendakari no aclaró qué otros pasos dará su Gobierno en caso de que el TC rechace sus argumentos para levantar la suspensión de la consulta.

Zenarruzabeitia denunció que el recurso del Ejecutivo central es una iniciativa "estrictamente política, teñida de razonamientos jurídicos" y que "interpreta interesadamente la voluntad del Legislativo vasco para confundir no sólo al TC, sino a la opinión pública, y hacer creer socialmente poco menos que estamos ante un referéndum de independencia, algo radicalmente falso".

Con esta iniciativa, según Zenarruzabeitia, "sólo se pretende recabar el estado de opinión sobre dos cuestiones presentes en el debate político autonómico, sin que el resultado de la consulta en cualquiera de las dos preguntas pueda vincular ni jurídica ni políticamente a nadie".