El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a tramite sendos recursos del Gobierno y el PP contra la Ley que convoca una consulta popular en el País Vasco para el 25 de octubre sobre el diálogo para la paz y la normalización, lo que deja en suspenso la iniciativa del lehendakari, Juan Jose Ibarretxe.

Cuarenta y ocho horas después de que fueran presentadas, el pleno del tribunal dictaba sendas providencias en las que admite a trámite los recursos y trasladaba la documentación al Congreso, Senado y al Parlamento y al Gobierno vascos, que disponen de 15 días para presentar sus respectivas alegaciones.

La resolución, que suspende de inmediato la consulta, acepta además la petición del abogado del Estado de habilitar el mes de agosto para los debates. Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza la petición del PP de adherirse a la suspensión de la ley solicitada por la Abogacía General del Estado en nombre del presidente de Gobierno.

El recurso del Ejecutivo, elaborado por la Abogacía del Estado, sustenta la iniciativa contra la consulta popular en tres razonamientos: uno de incompetencia del Parlamento Vasco, otro de procedimiento y un tercero de inconstitucionalidad material. El recurso parte de la base de que "no hay duda" de que la ley vasca organiza una consulta popular -frente a la idea de consulta no vinculante que sostiene Vitoria- y que "no hay duda tampoco de que pretende crear una ficción de convocatoria".

También responden los servicios jurídicos del Estado al argumento de que los estatutos de autonomía prevén la convocatoria de este tipo de cita con las urnas. "En el terreno de los principios es incuestionable que no debe interpretarse la Constitución por los Estatutos sino éstos por aquélla", sentencia.

Por otra parte, la Abogacía del Estado recuerda que no es el Parlamento vasco "competente" para autorizar al lehendakari la consulta sino el Estado "mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, expedido por el Rey y refrendado por su presidente, previa autorización del Congreso de los Diputados". "Nos encontramos ante un procedimiento legislativo absolutamente excepcional, que afecta a la división de poderes, puesto que, por virtud de unas alegadas circunstancias extraordinarias y una situación de urgencia, la voluntad del Gobierno Vasco se impone a la de la Cámara nada menos que en la fijación del trámite parlamentario que debe recibir un proyecto de ley", explica.

El Gobierno subraya que Ibarrtxe pretende consultar "a esa fracción del pueblo vasco, fracción también del pueblo español, sobre el modo de articular el ejercicio de un supuesto derecho a autideterminarse, rebasando los límites que la Constitución impone al ejercicio del derecho a la autonomía, es decir, violando el principio constitucional de autonomía y lesionando la 'unidad indisoluble" de la nación que consigna la Carta Magna.