El Pleno del Tribunal Constitucional agradeció ayer a María Emilia Casas, presidenta del mismo organismo, la transparencia de su comunicación a la vez que reiteró su confianza en ella tras declarar por los hechos que se han conocido últimamente en torno a una conversación grabada por la Guardia Civil entre una abogada investigada por el asesinato de su marido y la propia Casas. Un hecho sobre el que el Tribunal Supremo se pronunció la pasada semana en un auto en el que indicaba que en ningún caso se había producido un delito de asesoramiento ilegal y en el que concluía que los términos de la conversación se encuadraba en los usos sociales generalmente admitidos. Tan solo uno de los magistrados, Jorge Rodríguez-Zapata, decidió no pronunciarse sobre el relato de los hechos ofrecido por la presidenta del TC para no contaminarse en caso de que el Alto Tribunal tenga que adoptar alguna decisión sobre este asunto.

Tras cuatro horas de reunión, el pleno del TC expresó a Casas "su apreciación de que ni ella ni el Tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas". Los magistrados manifestaron su decisión "de continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene en agenda", entre ellos, el Estatut.

Contra este acuerdo, el magistrado Rodríguez-Zapata Pérez emitió un comunicado en el que afirma que no se pronuncia "porque considera que con arreglo a la propia jurisprudencia del Tribunal ello supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo de este Tribunal". Fuentes jurídicas mostraron su sorpresa por la nota del magistrado conservador.