LA consumación de la ruptura de las negociaciones entre el PSOE –en realidad el Gobierno, lo que ya es censurable– y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial supone la confirmación de que la clase política sigue sin estar a la altura de las instituciones. La dimisión del ex presidente Carlos Lesmes ha sido en vano.

Pero aunque ambos partidos –ambos, recalco– tienen el deber de cumplir la Constitución, también es cierto que el líder socialista y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pretendido que el acuerdo fuese un trágala para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La ruptura se ha producido precisamente porque el propio Sánchez, de viaje en África, confirmó por teléfono a Feijóo que va a ceder a las peticiones de las fuerzas independentistas catalanas, y singularmente ERC, de reformar el delito de sedición.

Se trata de un cambio inadmisible si no tiene el mismo consenso que requiere la propia renovación del Poder Judicial. Esto es, no debería hacerse al margen del PP.  Y es un cambio que supone un doble y grave riesgo para la democracia española.

Por un lado, la reforma que se plantea es ad personam, pues está pensada para beneficiar a una serie de políticos que, siguiendo lo sentenciado por el Tribunal Supremo, cometieron delito de sedición cuando convocaron un referéndum ilegal y proclamaron, durante ocho segundos eso sí, la independencia de Cataluña. La reformulación permitiría volver a los huidos de la justicia y afrontar un escasísimo reproche penal.

Se ve que no fue suficiente que Sánchez les diese un indulto político a los que sí tuvieron la dignidad de comparecer ante la Justicia, aunque no a hacerse responsable de los delitos cometidos.

Pero en segundo lugar, es una reforma que anima a que los independentistas a volver a intentar una ruptura unilateral de la unidad de España. Lo dicho: inadmisible.

Probablemente Feijóo, que cometía la ingenuidad de fiarse de Sánchez, quien ha hecho de la mentira un modo de vida, acierte con ello. Porque Sánchez sólo mira por Sánchez. Y rebajará la pena del delito de sedición no sólo aunque impida la renovación del Poder Judicial, sino porque es condición sine qua non para permanecer en el poder todo el año 2023 y así poder presidir la UE en el segundo semestre. Puestos a elegir entre el artículo 2 de la Constitución y el 122.3, no debe haber duda. Sánchez se sabe perdedor de las próximas elecciones, así que dará todo por seguir unos meses en el poder.