El 1 de octubre fue una mala jornada. Y aún vienen otras más tensas, el  Parlament  proclamará la independencia de Cataluña en los próximos días, lo anunció esta noche Carles Puigdemont de modo implícito. Lo que explicó es que, conocidos los resultados, los enviará a la Cámara para que actúe de acuerdo con la ley de referéndum, que dicta la proclamación a las 48 horas en caso de que saliese el sí. Probablemente, la sesión se convocará para miércoles y jueves. El Gobierno central logró frustrar la consulta, pero las cargas policiales en los colegios, que se han saldado con 844 heridos, según la Generalitat, y las colas de votantes ya han sido rentabilizadas por los independentistas y por el Govern para proseguir con su deriva separatista. El consejero de Presidencia, Jordi Turull, aportó pasada la media noche los datos computados por la Generalitat. Según éste, han votado 2.262.224 personas, de las cuales ha votado por el sí un 90%: 2.020.144. El censo de los convocados era de 5,3 millones, de tal modo que ni con estos datos, dudosos porque no hay garantías, se demuestra que no hay una mayoría a favor de la independencia. De 400 colegios no hay datos, bien porque no se llegaron a abrir, bien porque las papeletas fueron requisados.

Los próximos días se presentan muy inciertos, la declaración de independencia obligará al Gobierno de Rajoy a actuar de un modo tajante si no desea que esta insurrección institucional se prolongue en el tiempo y ponga en peligro la credibilidad del Estado. De los 2.315 colegios electorales que la Generalitat había señalado, permanecieron abiertos cerca de dos millares. La inacción de los Mossos, que no cumplieron con la orden establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, permitió que los centros abriesen, aunque más de un centenar ya estaban ocupados desde el viernes. Cualquier observador, por poco escéptico que fuese, lo hubiera sabido, pero se confió en que los Mossos echasen a las personas encerradas en colegios e institutos.

Desde el Palau de la Generalitat, y acompañado de sus consejeros, Puigdemont sostuvo que Cataluña se había ganado la independencia y que la Unión Europea debía dejar de ignorar sus demandas. De acuerdo con la ley del referéndum, anulada por el Constitucional, será el Parlament el que haga esta proclamación, el último paso de una ruptura anunciada. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intervino esta noche desde La Moncloa, antes de conocer el anuncio, y sostuvo que "la mayoría de los catalanes no ha participado en la farsa". "El referéndum que pretendía liquidar la democracia española e independizar, simplemente, no ha existido", resumió, pero no avanzó qué medidas adoptará, más allá de volver a convocar a los partidos y de comparecer, a petición propia, en el Congreso.

Pasadas las ocho de la mañana de este domingo, la Guardia Civil y la Policía Nacional intentaron cerrar colegios para requisar las papeletas y las urnas, al menos clausuró 92, pero la acción dejó escenas de cargas a los votantes, algunos de ellos muy mayores, pelotazos de goma, barricadas en algunos centros (Escuela Industrial de Barcelona) y episodios de tensión que recorrieron durante todo el día los informativos de los grandes medios. La Generalitat sostiene que en una población se utilizaron gases lacrimógenos. También denunció el uso de pelotas de goma, que está prohibido en Cataluña desde que una mujer perdiese un ojo en una manifestación con motivo de la crisis económica.

El referéndum en sí no es válido, no sólo por ilegal, sino porque el sistema de verificación y recuento falló durante todo el día; además, se declaró un censo universal, de modo que el votante podía acudir a cualquier colegio. No hubo apoderados de los que se oponen a la consulta y a la independencia y no hay una junta electoral constituida, disuelta para esquivar las multas del Tribunal Constitucional.

En el referéndum del 9-N de 2014, que fue una consulta tolerada por el Gobierno central, votaron 1,8 millones de personas. La opinión mayoritaria en la Generalitat es que si esta cifra se superaba, se debía de dar paso a la declaración de independencia en el Parlamento, tal como indica su ley de referéndum. Será imposible saber cuántas personas han votado de verdad, o si muchos lo hicieron varias veces, en eso consiste este referéndum imposible, frustrado, pero Puigdemont no parece que vaya a detener la deriva. Turull declaró que España "es la vergüenza de Europa, un auténtico escándalo internacional".

Según la información de la Generalitat, se cerraron 319 colegios. Cerca de un centenar gracias a la acción de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que tuvieron que actuar debido a la pasividad de los Mossos. Esto era algo previsible, el mayor de este cuerpo, Josep Lluís Trapero, había priorizado el orden público sobre el cumplimiento de la orden judicial de detener el referéndum. En muchos colegios, la Policía catalana sólo hizo acto de presencia, tomó nota y se marchó. Se había acordado que si no podían actuar, llamarían a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, todos ellos, incluido el cuerpo de los Mossos, coordinados por el coronel Diego Pérez de los Cobos. Al menos siete jueces de Cataluña abrieron denuncias contra la inactividad de la Policía autonómica. En algunas poblaciones se vieron escenas de tensión entre la Guardia Civil y los Mossos.

El Servicio de Salud catalán contabilizó dos heridos graves. Uno de éstos es un hombre sexagenario que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un colegio de Lérida. Interior difundió que hubo 12 agentes heridos, nueve policías nacionales y tres guardias civiles. Las cargas policiales también han causado malestar en miembros del PSC, cuyo líder, Miquel Iceta, pidió la dimisión de Rajoy. La alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, que fue quien rogó a Puigdemont que no presionase a los regidores, salió a la calle de la segunda población de Cataluña para impedir una de estas cargas. Fue acusada de "traidora" por algunos de sus vecinos.

La alcaldesa socialista de Santa Coloma, Nuria Parlón, también criticó la actuación policial. Los hechos fueron convenientemente utilizados por el Govern y los independentistas, y los vídeos de los altercados estampaban este domingo las redes sociales. A partir de este lunes, es posible que el PSC varíe su posición, ERC y Podemos ya han contestado a Iceta: si quiere que Rajoy dimita, que promueva una moción de censura. Es por este tipo de motivos por lo que la crisis catalana corre el riesgo de contaminar toda la vida política del país.

Los 14 miembros del Govern votaron, aunque algunos, como Puigdemont y Oriol Junqueras, tuvieron que cambiar de centro porque los suyos estaban cerrados. La Guardia Civil acudió por la mañana al que le correspondía al president, en la provincia de Gerona, para cerrarlo. Entró con mazas contra las cristaleras.

Los voluntarios de los partidos separatistas, así como los de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural, lograron introducir las urnas de la Generalitat en los colegios, en algunos de ellos también había papeletas y sobres, pero en otros se llevaron impresas desde casa. El caso es que se pudo representar el hecho. Por la mañana, a las 8:00, la Generalitat cambió las reglas, implantó un censo universal para votar en cualquier colegio y se habilitó una nueva aplicación informática. Lo cierto es que ésta apenas funcionó, constantemente falló por la intervención de Interior ante las operadoras, pero se siguió votando y apuntando los nombres por escrito. A última hora de la tarde -los colegios cerraron a las 20:00-, aún había colas en Barcelona capital.

Con el Govern declarado en insurrección, no hay que esperar ninguna rectificación, hace ya dos semanas que sus miembros fueron advertidos por el Constitucional y por el TSJC, de tal modo que el Gobierno de Rajoy se tendrá que emplear de otro modo. No consideró necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le hubiese permitido intervenir el cuerpo de los Mossos y la propia Presidencia autonómica, tuvo que confiar en la acción de los jueces y de la Policía, y ahora es probable que tenga que recurrir a este precepto constitucional con una opinión pública catalana más crispada.