El jueves, a media tarde, saltó por los aires el argumento utilizado por Pedro Sánchez desde que es presidente para justificar, o tratar de hacerlo, su ambigua e irritante política respecto a los independentistas catalanes: desde noviembre de 2017, los independentistas no se han saltado la ilegalidad y por tanto hay que mantener el diálogo porque el respeto a la legalidad demuestra que están decididos a plantearse el buen camino.

El jueves, a media tarde, tras varias horas de reunión en el despacho del presidente del Parlament, Roger Torrent, con Quim Torra, miembros de JxCat y ERC y la presencia de Puigdemont a través del teléfono y la videoconferencia, se anunció un acuerdo que, supuestamente, permitía seguir gobernando a Torra: contaría con el voto de los cuatro parlamentarios de JxCat que no pueden acudir al Parlament por fuga o por cumplir condena de prisión provisional.

El jefe del Ejecutivo aprende a golpes que nada del secesionismo se puede dar por seguro

El texto del acuerdo, que en principio se hará público la próxima semana, del que sólo se conoce un avance, garantiza el apoyo de ERC a Torra y éste se compromete a no convocar elecciones antes de julio de 2019, cuando se prevé la sentencia por los delitos cometidos el día que los independentistas declararon la república. El pacto recoge también que se acepta la delegación del voto de los parlamentarios que no pueden acudir al Parlament, algo que no admitía ni siquiera Torrent, consciente de que se trataba de una ilegalidad que puede afectarle penalmente como presidente. No le falta razón en sus reticencias; al poco de conocerse los términos más importantes del acuerdo, los servicios jurídicos del Parlament advertían que el relacionado con el voto era ilegal. Es decir, si se empeñan en aceptarlo ERC y JxCat, con el respaldo del Govern, y asumen por válidos esos votos, se habrá roto el argumento que esgrime Sánchez para dialogar: se mueven fuera de la legalidad.

La pela es la pela

El asunto de los parlamentarios merece ser explicado para demostrar la ruindad de los protagonistas. Junqueras y Romeva renunciaron a sus derechos y delegaron el voto. Los otros cuatro no han renunciado a sus derechos, sólo al voto, que han delegado. ¿Por qué no a sus derechos? Para seguir cobrando sus salarios. Por otra parte, Junqueras no ha avalado el acuerdo alcanzado en su despacho, sino que lo pasó a la Mesa, y ésta a los servicios jurídicos... que lo han considerado ilegal. Pero Torrent se queda al margen de una posible ilegalidad, a no ser que convoque la continuidad del pleno el próximo martes, se vote... y dé por bueno el voto de los cuatro parlamentarios que han delegado de forma ilegal. Se cargan de razón quienes afirman que hoy el independentismo está trufado de personajes cobardes, hipócritas, tramposos y mentirosos.

Nada de lo que sucede en el independentismo se puede dar por seguro. Nunca. Sánchez lo está aprendiendo a fuerza de golpes. El jueves por la mañana, cuando se interrumpió el debate sobre política general para proceder a la reunión entre JxCat y ERC, se expandió como la pólvora la noticia de que en esa reunión se decidía la convocatoria de elecciones autonómicas. Casi al mismo tiempo en Madrid se empezó a rumorear que ante la posibilidad de que la ruptura del secesionismo provocase que el Gobierno se quedara sin los votos indispensables del PDeCAT en Madrid, Sánchez tenía todo preparado para también inclinarse para un adelanto electoral.

Es no conocer al presidente, dispuesto a mantenerse en La Moncloa contra viento y marea. No sólo por mantener el estatus, que es lo que más le interesa, sino porque le preocupa pasar a la historia como un jefe del Ejecutivo que no ha sido votado por la mayoría de los ciudadanos aunque asumió la Presidencia de forma legal y con una suma de apoyos que garantizan que va a estar obligado a aparcar los puntos más relevantes de su proyecto de Gobierno, así como abrazar causas que su partido nunca había aceptado. Tampoco quiere pasar a la historia como el presidente que ha permanecido menos tiempo en el Ejecutivo, sino que busca apuntarse un tanto. Explicaba alguien de su entorno que necesita "un éxito", y había marcado en su agenda que ese hito sería apaciguar el secesionismo en Cataluña a través de un acuerdo que fuera legal. Sin embargo, los últimos pasos de los independentistas demuestran que Torra, y sobre todo Puigdemont, que es quien manda, no están por facilitarle las cosas. Al contrario.

Imposible solución

En las manifestaciones para conmemorar el 1 de octubre, los independentistas se echaron a la calle organizados por los CDR y alentados por Torra procedieron incluso a intentar el asalto al Parlament. Torra, enardecido por el tumulto, y ensoberbecido porque se vio más que nunca al frente del soberanismo, no sólo se sumó a las actuaciones de los CDR, que apoyó, sino que lanzó un ultimátum al Gobierno de Sánchez exigiéndole que fijara la fecha para mantener la reunión acordada en su último encuentro. Por si no fuera suficiente, envió cartas al Papa y a varios dirigentes internacionales denunciando la supuesta falta de democracia en España. No ha hecho, sin embargo, ningún comentario de la decisión del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que ha rechazado la primera demanda por el 1-0 presentada por una independentista.

Con esos mimbres es imposible que el jefe del Ejecutivo tome ninguna iniciativa para un diálogo constructivo que conduzca a que los independentistas acepten la legalidad. Puigdemont y los suyos no renuncian a la república independiente, y la legalidad les interesa sólo si saltársela afecta a sus propias personas, como ocurre con Torrent. Torra, cuando le faltan los asesores, se deja llevar por su instinto, como este 1-O, y respalda a unos CDR que sólo se mueven en la violencia y al margen de la ley.

¿Hallará Sánchez una solución a Cataluña? No parece posible. Entre otras razones porque los independentistas no quieren una que no pase por su objetivo: que el Gobierno acepte el resultado de un referéndum de autodeterminación. Una consulta que, de ser aceptada -inviable porque es inconstitucional-, se repetiría las veces necesarias hasta que el resultado permitiera la creación de la República Independiente de Cataluña.