El presidente vasco, Juan José Ibarretxe, pasará hoy a los anales de la política convertido en el primer jefe del Ejecutivo del País Vasco en ser enjuiciado por un tribunal. Ibarretxe está acusado de violar la ley por reunirse con la ilegalizada Batasuna durante la tregua que declaró ETA en 2006. Junto con Ibarretxe se sentarán también en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao (TSJPV) el secretario general del PSE, Patxi López, y Arnaldo Otegi, el entonces líder de la ilegalizada formación abertzale. La lista de los en total ocho procesados se completa con el dirigente socialista Rodolfo Ares y otros cuatro destacados miembros de Batasuna: Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia.

Ibarretxe y los dirigentes socialistas se enfrentan a una petición de hasta tres años de prisión, mientras que la solicitud de penas para los miembros de Batasuna asciende a hasta cuatro años.

Pese a las diferencias políticas de los acusados, hay algo que les une: todos alegan que los contactos mantenidos con Batasuna durante la tregua de ETA entre marzo de 2006 y junio de 2007 no pueden ser considerados un delito y que se enmarcan dentro de los legítimos esfuerzos políticos por lograr el final de la violencia etarra.

Tanto el PSE como el PNV coincidieron ayer en defender estas posturas. Fue el propio líder de los socialistas vascos, Patxi López, quien habló para mostrar su convencimiento de que el juicio al que se enfrenta desde hoy "quedará en nada" ya que "no hay nada punible" en su actuación y "no habrá ningún tribunal que pueda decir que la política no tiene que servir para avanzar en el camino de la paz". Asimismo, aseguró que "en esas mismas condiciones, en aquel entonces, volvería a hacerlo" porque considera que era su "obligación".

Tras participar en un acto de homenaje a Indalecio Prieto en Bilbao, López lamentó que el juicio tiene un claro impulso político porque su origen radica en esa estrategia de judicializar la política de la derecha y del PP, "que llevaba a los tribunales aquello que era incapaz de solventar en la crítica y el debate político". En cualquier caso, aseguró que los dirigentes socialistas acudirán a él "con absoluta normalidad, con absoluta naturalidad en la defensa del poder judicial y en la confianza absoluta en la Justicia".

"Sobre todo, acudimos con la tranquilidad de saber que no hemos cometido ningún delito, más bien al contrario, cumplimos con nuestra obligación, porque cualquier político tiene la obligación cuando hay una oportunidad para conseguir la paz -como así creíamos que existía en aquel entonces- de intentarlo", añadió.

"Por eso -indicó- confiamos en que, yendo con toda naturalidad y con toda tranquilidad, acabaremos también de esta misma manera sin ningún cargo porque no hay nada punible en nuestra actuación". "En esas mismas condiciones, en aquel entonces, volvería a hacerlo porque sería mi obligación", aseguró.

El otro gran protagonista de la jornada de hoy no habló. Fue el PNV, a través de su presidente Íñigo Urkullu, quien salió al atril para denunciar "la humillación" que supondrá para "una buena parte de la sociedad" vasca ver a "un lehendakari democrático" sentado en el banquillo de los acusados. Tras una reunión extraordinaria de la Ejecutiva peneuvista, Urkullu procedió a la lectura de una declaración en la que califica de "grave desatino" la vista oral y considera "grave y significativo" que se juzgue "al máximo representante institucional de un país por mantener reuniones públicas y con un fin legítimo con otros políticos".

En este sentido, manifestó su esperanza de que suponga "el mínimo coste para la honorabilidad" de los afectados y aseveró que al PNV no le cabe "ninguna duda de que el lehendakari hizo lo que tenía que hacer" al hablar con representantes de la izquierda abertzale para la búsqueda de la paz y la normalización política". Además, durante todo el tiempo durante el que se prolongue el juicio, cuya sentencia se espera que llegue el 22 de este mes, se turnarán representantes de la formación peneuvista para estar presentes, tanto dentro como fuera de la sala de vistas.

Todo ello en un proceso para el que la defensa del mandatario vasco citó como testigos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su antecesor, José María Aznar, al actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a uno de sus predecesores en la etapa de Aznar, Jaime Mayor Oreja, entre otros, por participar en procesos de diálogo con ETA.

Finalmente, el juicio tiene una gran trascendencia porque comienza 52 días antes de las elecciones vascas, que arrancarán el 1 de marzo, en las que tanto Ibarretxe como López se disputarán la jefatura de gobierno. Las encuestas no descartan que por primera vez en más de dos décadas el Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Ibarretxe sea desalojado del poder.