El Gobierno vasco en funciones acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales al considerar que afecta negativamente al acceso a la Justicia.

La portavoz del Gobierno vasco en funciones, Idoia Mendia, compareció ante los medios de comunicación tras la reunión semanal de Consejo y dio a conocer esta decisión.

La ley de tasas judiciales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de noviembre, prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, lo que ha provocado el rechazo general por parte de la judicatura y la oposición.

De hecho, el PSOE ha anunciado su disposición a presentar también un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.

Mendia explicó que el Gobierno de Vitoria en funciones presentará este recurso, no por una cuestión de invasión de competencias, sino porque establece unas cuantías tan elevadas que en la práctica "impiden el acceso a la jurisdicción o la obstaculiza" de una forma "irracional o desproporcionada".

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consideró ayer por su parte que podría existir "un margen de corrección" en la cuantía de las tasas judiciales para no impedir el acceso a la tutela judicial efectiva.

Destacó que las tasas tienen "la limitación constitucional" de que no impidan el acceso a la jurisdicción y al sistema de recursos, por lo que "habrá que estudiar si la cuantía incide o no en esa situación como han denunciado abogados, procuradores y colectivos jueces y fiscales".

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de la Memoria de la Fiscalía de 2011, Torres-Dulce consideró "imprescindible" aumentar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción ante el "evidente incremento de fenómenos de corrupción política, social y financiera", y reclamó una oficina de recuperación de activos para el reintegro de lo defraudado.