Eta vuelve a matar El PP advierte que no habrá "sintonía total" con el PSOE hasta que se hagan realidad las medidas

El Gobierno reformará las leyes para echar a ANV de los ayuntamientos

  • La vicepresidenta De la Vega anuncia ahora que se buscarán todas las rendijas legales para evitar que los proetarras sigan en los consistorios · Se modificará la Ley de Bases de Régimen Local

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo está trabajando en una reforma legal que permita impedir que los miembros del partido ilegalizado ANV puedan ocupar cargos en los ayuntamientos del País Vasco.

Después de ver cómo tras el asesinato de Ignacio Uría en Azpeitia ANV, que gobierna en este municipio guipuzcoano, se negaba una vez más a condenar la muerte de uno de sus conciudadanos a manos de la banda terrorista ETA, el Gobierno ha decidido tomar al fin cartas en el asunto. Consciente de la dificultad que entraña disolver los ayuntamientos en los que gobierna la formación proetarra en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local, el Ejecutivo se dispone a acometer una reforma legal que le permita sacar a ANV de las alcadías.

"Anuncio que el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos", afirmó De la Vega tras dar su pésame a la familia del empresario asesinado y subrayar que el Gobierno "redobla" su compromiso con la conclusión de las obras del tren de alta velocidad vasco tras el brutal atentado del miércoles.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros también quiso dejar claro que esta reforma ser realizará "como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias" y, evidentemente, respetando escrupulosamente el marco constitucional. "Se trataría de introducir en la Ley de Bases de Régimen Local unas nuevas normas que produjeran el resultado que les he dicho", zanjó.

En todo caso, De la Vega señaló que de forma más inmediata el Gobierno está estudiando las posibilidades de actuar contra ANV de acuerdo a la actual legislación, aunque reconoció que será muy dificil. La norma por la que podría intentar algo el Ejecutivo es el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local que, en su punto dos incluye como causas para la disolución de un ayuntamiento que éste de cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o lo justifiquen" y también en el caso de que "menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias".

Pero el Gobierno no confía mucho en el éxito de esta vía y la vicepresidenta ya advirtió que según la jurisprudencia del Constitucional para su aplicación este artículo exige conductas "graves" y que se produzcan de manera "reiterada". "Creo que el objetivo y los instrumentos están claros", apostilló De la Vega que también se refirió al fondo de 8.000 millones de euros que el Gobierno repartirá entre los ayuntamientos para la creación de empleo.

Y ante la petición de que se excluya de estos fondos a los consistorios gobernados por ANV, reiteró que se aplicarán todos los mecanismos de control y transparencia para que lleguen "a los ciudadanos" y señaló que los ciudadanos vascos no tienen que verse privados de sus derechos por la acción de la banda terrorista, ya que "la inmesa mayoría hace mucho tiempo que dieron la espalda a la violencia y dijeron no a ETA". "Hace mucho tiempo que los ciudadanos dijeron que quieren vivir sin la terrible opresión que supone hacerlo bajo el yugo de los asesinos", sentenció.

Pero hasta que ANV no salga de las instituciones, "la sintonía entre PP y Gobierno en materia de terrorismo no puede ser completa", dijo la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

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