Francisco Caamaño Domínguez. Ministro de Justicia

"Este Gobierno no hace electoralismo a costa del dolor de los que sufren"

  • Sólido y concienzudo, este gallego está empeñado en modernizar una Justicia enterrada en legajos, cortocircuitada por seis sistemas informáticos imcompatibles y amenazada por otra huelga de jueces

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez (Cee, 1963), no pone límites a su jornada laboral en el intento de llevar a buen puerto su complicada hoja de ruta para modernizar una Justicia cubierta de legajos y con seis sistemas informáticos incompatibles. Desde la convicción de que la situación es ya de "no retorno", este gallego doctorado en Derecho, sólido y concienzudo, insiste en que en esta legislatura se invertirán 600 millones de euros para cumplir con la palabra dada y, de camino, dejar sin argumentos a los jueces huelguistas. A pesar de que evita las polémicas, no duda en asegurar que "las anchoas de Revilla no son equiparables a los trajes de Camps".

-¿Los datos ofrecidos el lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el incremento de litigios en los juzgados de lo Social y lo Mercantil inciden en su hoja de ruta para la modernización de la Justicia?

-La crisis económica, por ejemplo, ha hecho que se incrementen algunos asuntos en los tribunales y por eso hemos aprobado algunos planes de choque específicos: uno para los juzgados de lo Social, donde el incremento es notorio, y otro, muy potente, en el que estamos trabajando, en el ámbito de la jurisdicción mercantil.

-¿La gratuidad de la Justicia tiene algo que ver o todo se debe a la crisis?

-Existen aspectos en el ámbito del beneficio de Justicia gratuita que pueden ayudar a que se produzca un incremento un tanto artificial. Por ello vamos a revisar con las comunidades autónomas la ley reguladora del beneficio de Justicia gratuita.

-¿Puede concretar en qué jurisdicciones y cuándo implantarán la mediación de la que usted habló recientemente?

-Lo vamos a hacer aprovechando la Directiva Europea de Mediación y en diferentes fases: por una parte, en el ámbito penal, con el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, y, por otra, en el ámbito contencioso-administrativo y civil, donde es importante que los ciudadanos puedan llegar a acuerdos con la propia Administración sin tener que acudir a un juez.

-¿Cuáles son los principales ejes de su plan para modernizar la Justicia?

-Las reformas pilotan sobre tres ejes claves: una que tiene que ver con la nueva oficina judicial, donde habrá servicios comunes para varios jueces. En segundo lugar, es necesario un buen y moderno plan de informatización que permita que los tribunales trabajen en red y estén conectados entre sí. Y, en tercer lugar, un plan de formación del personal de Justicia.

-¿Cuándo se acabarán los legajos en los juzgados españoles?

-Sería fantástico poder establecer una fecha. Vamos a intentar que, a lo largo de esta legislatura, todos los tribunales de España puedan intercambiar información entre sí a través de los medios propios de la sociedad de la comunicación. Pero somos también conscientes de la dificultad específica que esto plantea en el sector de la Justicia. Por tanto, los procesos deben tener una alta calidad y deben estar muy bien auditados.

-¿Es comprensible que entre las comunidades autónomas que tienen transferida la Justicia haya seis sistemas informáticos incompatibles?

-No es comprensible, pero en la última Conferencia Sectorial de Justicia hemos acordado con todas las comunidades crear un gran enchufe, un gran traductor, que permita a los distintos sistemas hablar entre sí y trabajar como si se tratara de un solo modelo.

-¿Va a reformar el acceso a la carrera judicial?

-En primer lugar queremos evaluar las necesidades de la planta y de la demarcación, saber cuál es la realidad judicial de España en relación con la realidad social. Nuestra Ley de Planta y Demarcación es de 1988, heredera de un modelo de principios del siglo XIX, que no responde a la realidad actual. Por tanto, una vez evaluadas esas necesidades, nos preguntaremos por el modelo de juez. Ahora estamos en la primera fase y por decreto del Consejo de Ministros hemos creado una comisión de expertos que evaluarán esas necesidades de planta.

-¿Los jueces pasarán un examen psicológico?

-En principio no hemos estudiado estas consideraciones, pero las tendremos presentes en su momento. Los jueces deben someterse al mismo tipo de condiciones que son exigibles para otros puestos de trabajo de idéntica o similar responsabilidad.

-¿Ve intenciones políticas en la nueva huelga convocada para otoño por una asociación de jueces?

-Quiero pensar que no, que sólo es una manifestación de una de las asociaciones de jueces que tendrán que explicar. No hay razones para la huelga. Y repito que en esta legislatura se invertirán 600 millones de euros para modernizar la Justicia, la mayor inversión desde la instauración de la Democracia.

-¿La renovación del Tribunal Constitucional (TC) se producirá tras la sentencia sobre el Estatut?

-Eso lo tendrá que decidir el Senado. Es la Comisión de Nombramientos la que debe sustanciar esa negociación.

-¿Para cuándo la sentencia sobre el Estatut?

-Estará cuando el Constitucional considere que ha alcanzado una buena sentencia. Ante un problema de suma complejidad desde el punto de vista constitucional, lo importante es que sea una sentencia razonada y motivada por la lógica de un tribunal, que no es la de la política ni la de la opinión pública.

-Aunque ya logró un acuerdo sobre la reforma procesal, ¿se hace necesario aún un gran pacto parlamentario en torno a la Justicia?

-Tenemos un preacuerdo de partida tanto en el Parlamento como fuera de él. El acuerdo social que propuse en mi primera comparecencia en el Congreso ha cristalizado y existen razones para que ese acuerdo permanezca. Vamos a trabajar para que sea así, y no sólo con las fuerzas políticas sino con todos los sectores implicados en la Justicia.

-¿Es partidario de que las jóvenes de 16 años, como dice la ley, no tengan que pedir autorización a sus padres para poder abortar?

-La ley no ofrece duda de constitucionalidad y es equiparable a las que existen en muchas democracias de nuestro entorno, incluido el asunto de los 16 años.

-¿Y no le parece peligroso que…?

-Lo peligroso es que por las razones que sean, siempre penosas, una joven de 16 años estime que sus padres no le merecen la suficiente confianza y, como ocurre, en lugar de acudir al sistema público de salud para interrumpir su embarazo optara por un circuito paralelo sin garantías sanitarias y poniendo en peligro su propia vida. Esta ley pone seguridad donde no la había.

-¿Prosperará la cadena perpetua tras la presión que ha supuesto la movilización social por los asesinatos de Mari Luz Cortés y Marta del Castillo?

-La cadena perpetua es difícilmente acomodable en nuestra Constitución. Su artículo 25.2 establece que la razón de ser de la pena es la reinserción del delincuente. El Estado de Derecho no ejerce la venganza. En nuestro país se cumplen máximas penas y no podemos caer en un derecho penal vinculado a la noticia y poco reflexivo.

-¿Ha explicado ya suficientemente el derecho a mentir de un imputado?

-Lo dicen todos los tribunales de protección de derechos humanos y, en numerosas ocasiones, nuestro Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en su sentencia 68/2001, FJ 5 señala que "el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente o incluso mentir". Este Gobierno ha estado siempre al lado de las víctimas, en todos los sentidos, pero, al contrario que otros, no hace electoralismo a costa del dolor de los que sufren situaciones tan terribles.

-¿Las anchoas de Revilla son equiparables a los trajes de Camps?

-En modo alguno. Las anchoas de Revilla son un regalo. Quien las haya recibido le dirá que "me las ha regalado el señor Revilla". Por el contrario, en el caso de Camps hay una declaración en la que dice que "no fue un regalo", que los trajes fueron pagados en efectivo.

-Visto lo visto en el caso Gürtel, Garzón no andaba muy desencaminado, ¿no?

-Los profesionales del Derecho no son buenos coyunturalmente y malos cuando conviene a alguien. Es una buena oportunidad para que, aquellos que, como el PP, no eran partidarios de que el Ministerio Público llevara a cabo la instrucción, reflexionen sobre las ventajas que tiene el modelo donde la investigación del delito corresponde al fiscal mientras el juez es el garante de los derechos. Es, precisamente, lo que queremos introducir con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-¿Está satisfecho con la reforma de la financiación autonómica?

-Es un modelo muy satisfactorio para todos los españoles. Más allá de las cifras, su verdadera novedad es que el dinero de la solidaridad -el que va de las comunidades que más tienen a las que tienen menos- se deberá que dedicar a políticas de solidaridad, vinculadas a la calidad de vida de los ciudadanos, y no a otro tipo de gastos.

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