El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado a varias instituciones, entre ellas el Valle de los Caídos, el Archivo de Salamanca o la Conferencia Episcopal, que le faciliten el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional, que degeneró en Guerra Civil.

En una providencia hecha pública ayer, el magistrado pide a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que le proporcione la información sobre los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. Asimismo, solicita a varios ayuntamientos, como los de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que le indiquen el nombre de las personas enterradas en fosas comunes, las circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos, la fecha y si las muertes constan anotadas en algún registro público.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, sacas, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

De todas maneras, según fuentes jurídicas, es muy difícil que este asunto salga adelante porque la Audiencia Nacional es sólo competente para investigar los delitos de genocidio y lesa humanidad cuando se han producido fuera de España. En caso contrario, son competentes los órganos de cada comunidad Autónoma.

Aún así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ha pedido al Centro Documental de Memoria Histórica el fichero del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. A la Dirección General de los Registros y del Notariado, le pide documentación relacionada con desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 y se comunique a cada uno de los Registros Civiles de España que deberán permitir el acceso a la Policía Judicial para identificar posibles víctimas desaparecidas. Lo mismo deberán hacer las parroquias de toda España, requeridas por la Conferencia Episcopal.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "estas exhumaciones puedan ser controladas" por su Juzgado.

Asociaciones antifranquistas valoran la decisión del juez Garzón, si bien coinciden en que "ya era hora" de que se tomaran iniciativas en el sistema judicial, también demandan que la investigación "vaya más allá". Así se expresaron, en declaraciones a Efe, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación Estatal de Foros por la Memoria o la Asociación de Descendientes del Exilio Español.