España

Los funcionarios de prisiones podrían defenderse con pistolas eléctricas

  • El CSIF solicita el endurecimiento de las sanciones disciplinarias a los presos agresivos y reforzar las plantillas

Un agente uniformado con una pistola taser. Un agente uniformado con una pistola taser.

Un agente uniformado con una pistola taser. / G.J.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a Instituciones Penitenciarias la asignación de pistolas eléctricas a los funcionarios para que puedan defenderse ante potenciales agresiones, y que se endurezcan las sanciones disciplinarias a los reclusos.

El sindicato insiste en la necesidad de considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para reforzar su seguridad y una mejora del Protocolo de Agresiones, que incorpore medidas preventivas y un incremento en el presupuesto para reforzar las actuales medidas de protección de funcionarios a través de chalecos o guantes.

Reclaman un medio defensivo eléctrico que permita "incapacitar a un sujeto que dé muestras de una agresividad o violencia inusual y una feroz resistencia frente a la actuación del funcionario, pudiendo derivar en previsibles y serias lesiones".

Las pistolas eléctricas tipo Taser forman parte ya de la dotación de algunas policías autonómicas y locales. El Ministerio del Interior no ha autorizado su uso como arma reglamentaria en la Policía Nacional y la Guardia Civil, a pesar de ser una demanda antigua de diferentes organizaciones sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El CSIF denuncia que este jueves ocurrió una nueva agresión en la cárcel de Piccassent (Valencia), donde un interno propinó una patada a un trabajador. Este mismo interno ya causó el pasado sábado la rotura de dos dedos a otro funcionario en la enfermería.

La semana pasada, otro funcionario de Soto del Real (Madrid), recibió varios pinchazos en la espalda y cuello con un arma de fabricación casera. Estos incidentes ocurren, según el sindicato, "en un contexto de escasez de plantilla, falta de medios y carencia de formación en seguridad".

El Gobierno tiene previsto aprobar la oferta de empleo público para 2019 en la Administración General del Estado aunque, según los datos adelantados, "apenas sirve para cubrir las jubilaciones previstas y mantiene los niveles endémicos de destrucción de empleo".

El sindicato señala la necesidad de actualizar el catálogo de medios represivos, ya que los trabajadores penitenciarios desarrollan su función con un colectivo en el que predominan los comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas.

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