La Fiscalía ha interpuesto una querella contra el ex conseller de Presidencia Jordi Turull, al que acusa de un delito de insolvencia punible por haber donado parte de su patrimonio a su esposa, cuatro meses antes del referéndum del 1-O, para evitar futuros embargos por su implicación en el procés.

La sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha registrado la querella, que también se dirige contra Maria Blanca Bragulat, la esposa de Turull, actualmente diputado de JxCAT en el Parlament y en prisión preventiva por orden del juez del Tribunal Supremo que investiga a los dirigentes independentistas.

En su querella, el fiscal sostiene que Turull se desprendió de un patrimonio valorado en 96.449 euros, en un "plan preconcebido" que tenía "el evidente propósito y finalidad de intentar eludir el futuro embargo" de sus bienes, por su participación en el procés y en la organización del referéndum de independencia.

De hecho, el ex conseller de Presidencia está procesado por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por el juez del Supremo Pablo Llarena, que ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros a los 14 ex miembros del Govern imputados, a pagar de forma solidaria.

Según la querella, en junio del año pasado Turull era titular de una vivienda en Parets del Vallès (Barcelona), valorada en 84.452 euros, y de la mitad de una cuenta corriente con 107.594 euros que compartía con su mujer. Para evitar un futuro embargo, sostiene el Ministerio Público, el ex conseller "se concertó" con su esposa, con la que tiene régimen de separación de bienes, para desprenderse de la mayor parte de su patrimonio inmobiliario y activos financieros "y aparentar con ello una situación de insolvencia", añade la Fiscalía.

De esa forma, el 8 de junio de 2017 Turull firmó una escritura en la que "hacía donación pura y simple" a su esposa de la mitad de la vivienda de Parets, de la que era único propietario, y le cedía también el 50% de los 107.594 euros que ambos tenían en la cuenta corriente, según el ministerio público. Para el fiscal, los hechos suponen un delito de insolvencia punible -castigado con entre uno y cuatro años de cárcel-, del que Jordi Turull sería autor directo y, su esposa, cooperadora necesaria.

El propio Turull alegó ayer razones de salud para justificar la cesión de bienes a su mujer. Fuentes de JxCAT argumentaron que el ex conseller "decidió hacer estas modificaciones especialmente a partir del momento en que le diagnosticaron unas apneas muy severas que lo obligan a dormir siempre con una máquina de oxígeno, también ahora en la cárcel, a riesgo de muerte súbita en caso de no hacerlo".

"Tener que airear situaciones estrictamente personales, como las relacionadas con la propia salud, para tener que defenderse de la obsesión de la Fiscalía por perseguir a los que considera disidentes, describe el escenario de desesperación que viven ciertas instancias del Estado español", apostillaron desde el partido independentista.