Exhumación de Franco Debate a tumba abierta

  • El Gobierno aprueba este viernes un decreto para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos en virtud de la Ley de Memoria Histórica El PP le acusa de reabrir "heridas superadas" C's reclama una reforma total del recinto monumental

Una monja reza ante la tumba de Franco durante el XXV aniversario de su muerte, en 2000. Una monja reza ante la tumba de Franco durante el XXV aniversario de su muerte, en 2000.

Una monja reza ante la tumba de Franco durante el XXV aniversario de su muerte, en 2000. / J. J. Guillén / Efe

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Con su exigua representación parlamentaria de 84 diputados a cuestas, el Gobierno de Pedro Sánchez se propuso desde el minuto uno de su aterrizaje en la Moncloa un golpe de efecto accesible para dar tono a su breve mandato: sacar a Franco del Valle de los Caídos.

Un recinto megalómano que combina el colosalismo de la arquitectura fascista con un toque de espiritualidad, que fue inaugurado en 1959 y donde además de los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) yacen –entremezclados– los de 33.833 víctimas de uno y otro lado de la Guerra Civil. Es que el Ejecutivo tiene las manos atadas para emprender reformas de calado. Podemos (socio prioritario) y los grupos catalanes (PDeCAT y ERC), que respaldaron la moción de censura que aupó al poder a Sánchez, ya lo dejaron en la estacada en la votación del techo de gasto y del objetivo de déficit el pasado 27 de julio. Sólo el PNV, con quien se le agota la lista de aliados, lo avaló. Así que, a falta de panes como desbaratar la reforma laboral o la ley mordaza, a Sánchez le queda la torta de Franco, ese fantasma que sigue planeando sobre España mucho después de aquel memorable numerito lacrimógeno en el que Arias Navarro anunciara en televisión la defunción.

No es casualidad que Alianza Popular fuera fundada (1976) por el ex ministro franquista Manuel Fraga. O que, treinta años después, Jaime Mayor Oreja definiera jocosamente como un periodo de “extraordinaria placidez” el túnel de la dictadura. La derecha españolas tiene raíces franquistas y suele erigirse como único garante de la ley y el orden.

Y pulula todavía un puñado de nostálgicos como el ex ministro, ésos que a las primeras de cambio ensalzan los 500 pantanos que construyó el difunto que no acaba de morirse y que obvian el reguero de sangre y venganza que refulge en muchas cunetas de España.

Sánchez quería creer que tenía el camino allanado políticamente para completar su golpe de efecto visto el antecedente del pleno del Congreso que aprobó el 12 de mayo de 2017 que se instara al Gobierno de Rajoy a la exhumación. La proposición no de ley del PSOE fue aprobada sin votos en contra, pero su valor no iba mucho más allá de lo simbólico sin consecuencias jurídicas. Sí las tendrá el decreto ley que aprobará hoy el Gobierno, que reimpulsará la Ley de Memoria Histórica añadiéndole un par de artículos que den la máxima cobertura legal a la exhumación. El objetivo es blindarla de modo que la familia del finado no pueda bloquearla en los tribunales, ya que solo podrían recurrir la reforma 50 diputados o senadores y el Defensor del Pueblo.

La familia se opone rotundamente a lo que considera una “profanación” de la tumba sin su permiso, pero no podrá entorpecer la exhumación por mucho que se querelle una vez consumada.

Moncloa tiene muy presente el antecedente del general Sanjurjo, uno de los más estrechos colaboradores del sátrapa, cuyos restos, además de los del general Mola y los de otros seis combatientes navarros de la Guerra Civil, fueron sacados del Monumento a los Caídos en Pamplona el pasado noviembre. La familia de Sanjurjo demandó al ayuntamiento y a comienzos de julio un juzgado de Pamplona estimó un recurso contra la exhumación y reconoció el derecho de la familia a que los restos sean de nuevo enterrados en la cripta. El consistorio recurrirá la sentencia. El embrollo judicial está servido.

El decreto que aprobará hoy el Gobierno debe ser convalidado por el Congreso en un mes como mucho con mayoría simple (más votos a favor que en contra). El PP (como en la votación de 2017) y Ciudadanos van a abstenerse. Alegan que un decreto-ley está reservado para asuntos de urgente necesidad y que el Ejecutivo va a reabrir “heridas superadas”, según el líder popular, Pablo Casado, para “ocultar su incapacidad para gobernar”.

Lo que a la izquierda le suena a marear la gaviota, digo la perdiz. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra,  afirmó ayer que al PP “no le molestan los reales decretos, sino sacar al dictador” del Valle de los Caídos y “no lo quieren decir abiertamente”.

Ciudadanos, que ha pasado del sí quiero al no sé, señala que lo de Cuelgamuros es un “sinsentido democrático”, por lo que si el decreto contempla sólo la exhumación de los restos de Franco y no la reforma total del recinto monumental para que represente a todos lo españoles, “nuestro apoyo no lo puede tener”, según explicó ayer el secretario general del grupo parlamentario naranja, Miguel Gutiérrez

“Excusas absurdas” todas a juicio del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que condensa el asunto del rechazo a lo que se trae Sánchez entre manos en una estrategia para atraer “el voto de gente afín a la dictadura”.La Iglesia no parece dispuesta a presentar mucha batalla. El prior del Valle de los Caídos permitirá la exhumación de Franco si la orden proviene del Rey, que debe sancionar el decreto. Desde la diócesis de Madrid tampoco hay problema. El cardenal Carlos Osoro no ha puesto ninguna pega. Y la Conferencia Episcopal no ha entrado al trapo. No obstante, predica que son los descendientes los que tienen el derecho y la potestad de decidir sobre los restos mortales de su familiar.

A la postre, los expertos coinciden en que la exhumación sería muy rápida y no implicaría problemas. Tras mover la lápida de cinco toneladas que cubre el sepulcro –algo más grande que el de una tumba normal–, quedaría comprobar el estado del ataúd y del cuerpo –que está embalsamado– para realizar la extracción y entregar el mismo a los descendientes.

Sánchez todavía no ha concretado el futuro del Valle de los Caídos siempre y cuando consiga sacar los restos de Franco, aunque habla de “resignificarlo”. Puede que la exhumación sea básicamente una oportunista campaña de propaganda de la izquierda y una manera de apuntalar la minoría absoluta del Gobierno. Pero también es una estupenda oportunidad para enterrar definitivamente a ese fantasma que no deja de revolotear sobre el número 13 de la calle Génova.

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