La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido este miércoles el proyecto de ley de equidad sanitaria aprobado "por la ampliación de derechos" que supone, y ha reprochado al PP "los recortes sangrantes" en la sanidad pública y el cierre de consultorios en algunas comunidades autónomas.

En la sesión de control del Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carmen Navarro sobre cómo piensa garantizar la equidad del Sistema Nacional de Salud, Darias ha recordado que el proyecto de ley de equidad amplía los derechos recortados por el PP y elimina los copagos que "los populares impusieron a los pensionistas con las rentas mas bajas". Copagos, ha dicho la ministra, eliminados por este Gobierno "para que ningún pensionista tenga que elegir entre ir a la farmacia o al supermercado".

Darias ha relatado que el proyecto de ley, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, amplía derechos a los ciudadanos que viven en el exterior cuando vienen a España, a los ascendientes de las personas reagrupadas y a las personas migrantes no registradas o autorizadas.

Y al hilo de la semana del Orgullo, la ministra ha puesto en valor que el Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto a mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans la posibilidad de acceder a las técnicas de reproducción asistida, que el PP "eliminó por cuestión de ideología".

Por su parte, la diputada del PP, en su intervención, ha pedido a la ministra que "guarde la política el miedo y del recorte" y asuma su responsabilidad en el déficit de médicos y en el "colapso" de la Atención Primaria.

También ha reprochado a la ministra "la falta de medidas que obliga a las autonomías a competir entre sí por los médicos de Primaria" y le ha instado a recuperar las reformas consensuadas en 2018 por el entonces Gobierno del PP con las comunidades.

Además, la diputada ha acusado al Gobierno de "inventarse con las prisas electorales de Andalucía una ley de presunta equidad", sin tiempo de recibir los informes de los órganos consultivos, "a codazos" con las competencias de las comunidades autónomas y con el "anunciado voto en contra" de los socios de Gobierno.