La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid decidió hoy juzgar a los cuatro altos mandos policiales envueltos en el denominado 'caso del ácido bórico', en el que se investiga la presunta manipulación de un informe pericial que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. El tribunal desestima así la 'doctrina Botin', que impide la celebración de un juicio si la única acusación la ejerce la acción popular. En la primera sesión del juicio, el responsable del laboratorio químico de la Policía Científica, Francisco Ramírez, acusado de manipular un informe para eliminar las referencias a ETA, señaló que ese documento no era oficial e incluía conclusiones "absurdas".

La Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado y la defensa de los acusados basaron su petición de archivo en la doctrina del 'caso Botín', defendida por los magistrados del Tribunal Supremo, y que impide la celebración de un juicio a instancia exclusiva de la acción popular, como sucede en el 'caso ácido bórico' y como sucedió también en el caso del ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa. De hecho, el inicio de este juicio se aplazó a la espera de conocer los argumentos del Supremo en la sentencia que condenó al ex presidente de la Cámara Vasca Juan María Atutxa con la única acusación de la acción popular.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid decidió hoy "seguir adelante" con el proceso al entender que "se encuentran legitimadas las tres acusaciones populares". "La sentencia del caso 'Atutxa' y del 'caso Botín' son contradictorias en gran medida", indicó el presidente del tribunal, quien añadió que "el estudio conjunto de ambas resoluciones impide fijar una doctrina unitaria". "Cuando se trata de delitos públicos las acusaciones populares pueden intervenir en el proceso", señala el tribunal, que da la razón al Sindicato Manos Limpias, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

En esta causa se sientan en el banquillo cuatro altos mandos policiales, entre ellos al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el secretario general, Pedro Luis Mélida, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez. Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento. Según la acusación popular, ordenaron corregir un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA.

Conclusiones absurdas

El primero en declarar hoy, el responsable del laboratorio químico de la Policía Científica, Francisco Ramírez, hizo hincapié en varias ocasiones en que el documento elaborado por sus subordinados "no se trataba de un informe pericial, sino de informe analítico" y por tanto no tenía caracter oficial". "Un informe no es oficial hasta que no sale del laboratorio", repitió en varias ocasiones a las preguntas de los abogados de la acusación, al tiempo que quiso dejar claro que los encargados de realizarlo "no son peritos, sino analistas", "un perito es aquel que ha sido designado por un juez y este no fue el caso", aclaró en otro momento.  

"El analista en sí no es nadie dentro del laboratorio, sólo es un analista, si no fuese así cada uno podría sacar los informes que quisieran, sería como darles una patente de corso", explicó. En cuanto a la relación que estableció uno de los analistas entre la muestra de ácido bórico hallada años antes en un piso franco de ETA y los autores del 11-M, Ramírez reiteró que "esa relación científicamente no tenía ningún sentido" y fue más allá al desvelar que aquella muestra "tenía restos de pelos debido a que había sido utilizada para la higiene personal íntima de una persona, dado el carácter antiséptico de este componente".

"Me pareció absurdo relacionar a ETA con los explosivos del 11-M y anticientífico que ese señor pusiera algo que no consultó con la base de datos", denunció el mando policial, quien además criticó que sus subordinados "no dudaron en meter en el mismo saco, decir que tenían la misma formación y hasta que habían sido los mismos", es decir que ETA estaba detrás de los atentados de Atocha, cuando, sin embargo, "una muestra fue hallada en 2001 y la otra en 2004". Según explicó, revisó el informe y fue a consultar con Mélida, quien "tachó con un bolígrafo de color rojo" las alusiones a ETA y mandó que el responsable de su redacción elaborase un nuevo documento.  

Ramírez relató al juez como el autor del informe, Manuel Escribano, al que definió como "una persona conflictiva" y que "no sabe aceptar sus errores, entró en colera" cuando se le pidió que rectificase el informe. "Tanto él como los otros dos subordinados -Isabel López y Pedro Manrique, quienes colaboraron en la elaboración del documento- se negaron a hacerlo por lo que yo asumí la rectificación para evitar conflictos en el laboratorio", dijo. De este modo, Ramírez terminó rectificando el informe, dejando sólo su firma y eliminando las de los tres analistas.