Víctor Lapuente (Chalamera, Huesca, 1976) es doctor por la Universidad de Oxford y profesor asociado e investigador en el Instituto de Calidad de Gobierno del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Su investigación se centra en la política comparada y de la administración pública y combina métodos cuantitativos y cualitativos. Junto a su colega Carl Dahlström, acaba de publicar Organizando el Leviatán (Deusto, 2018), un ensayo donde intenta desgranar las razones por las que algunos países son más corruptos que otros.

-¿En qué consiste un buen gobierno?

-Es aquel en el que las políticas públicas se prestan con muy poca corrupción, de manera eficaz y eficiente, y además, es capaz de innovar y de regenerarse. Los países con menos corrupción son los que menos malgastan los recursos públicos en aeropuertos sin aviones o en autovías que no van a ningún sitio. También son los primeros que adoptan las innovaciones tecnológicas y se anticipan al futuro.

"La clave para un buen gobierno no radica en la selección de los políticos sino en la de los funcionarios"

-Describe todo lo contrario al Gobierno de España.

-Yo no diría exactamente lo contrario porque España se encuentra a medio camino entre los mejores, que serían los países del Norte de Europa y Australia y Nueva Zelanda, y nuestros vecinos como Italia y Grecia, que están bastante peor que nosotros. Nuestra posición no es muy mala, pero el problema es que no hemos ido mejorando. En los últimos quince años nos hemos alejado de los países punteros.

-¿Qué falla en España?

-Varias cosas. Mucha gente dice que es por la crisis económica. Pero de hecho, los problemas empezaron cuando teníamos más dinero, precisamente en los años de la burbuja. Eso demuestra que la corrupción no es una consecuencia de la crisis económica, sino más bien una causa de la profundidad de la crisis que ha vivido España. Independientemente del partido que nos gobernaba, fallaron los controles internos en el Estado, más todavía en las autonomías, y aún más en los entes locales, para frenar las propuestas faraónicas y evidentemente corruptas de muchos políticos.

-Entre ellas, usted cita las autopistas radiales y los aeropuertos fantasma.

-Sin duda. En España los funcionarios no han tenido las armas para poder defenderse del superior político de turno o incluso ir a los medios de comunicación y ofrecer información sobre potenciales contratos corruptos.

-Marbella fue uno de los máximos exponentes de lo que menciona.

-Marbella fue pionera y paradigma de la situación de absoluta falta de freno al poder político. Eso se ve reflejado en unos excesos de corrupción tan grandes que recuerdo que cuando estaba escribiendo un trabajo, me llamó uno de los coautores y me dijo que me había equivocado en la cantidad. Pensaba que había puesto uno o dos ceros de más y que no podían tantos ser tantos millones. Yo le respondí: "Eso es España, es normal". Los suecos están acostumbrados a que los casos de corrupción más elevados sean como el de un político que usó una tarjeta de dinero público para comprar unos Toblerones en un aeropuerto.

-¿Es posible dar la vuelta a esta situación?

-Es posible porque los países que ahora son punteros en el buen gobierno también tuvieron en el pasado episodios de corrupción. Decidieron hacer cambios institucionales, en las administraciones públicas. En España hemos puesto el foco de atención mediático en los políticos, que son como semidioses. Hacemos que publiquen sus ingresos o queremos cambiar el sistema electoral. Pero no es la selección de los políticos lo que más contribuye a la calidad del gobierno. Lo más importante es la selección de los empleados públicos. Ésa es la clave para tener un buen gobierno. Creo que hay un circo mediático que nos distrae del problema principal del sector público. Sus cientos de miles de trabajadores son los que previenen la calidad del gobierno y los que hay que cuidar. Los políticos tienen un papel obviamente directivo, pero nada más.

-¿El problema está en el sistema de oposiciones?

-No necesariamente. Las oposiciones ayudaron a muchos países, España incluido, a superar el problema de corrupción masiva en las administraciones públicas. Cuando vamos ahora al médico o llevamos a nuestros hijos al colegio, no tenemos que pagar un soborno o una mordida. Pero para afrontar los retos del siglo XXI, los datos nos muestran que países como Nueva Zelanda o Dinamarca han ido remplazando el sistema de acceso a la función público basado en oposiciones memorísticas por mecanismos de selección y promoción similares al sector privado. Eso sólo se puede hacer si al mismo tiempo aumentamos la transparencia de las administraciones, que son demasiado opacas en España.

-Usted define los años del desarrollismo franquista como pesadilla weberiana. ¿La burocratización de la política es tan peligrosa como la politización de la burocracia?

-Sí. No es una expresión mía pero creo que el franquismo era lo más parecido a una distopía weberiana. Algunos decían que lo ideal sería que hubiera oposiciones para ministro. Es tan peligroso delegar demasiado poder en los funcionarios como confiar en los políticos. Tenemos que encontrar un equilibrio. No podemos confiarlo a ningún colectivo, por muy bien preparado que esté. De hecho, Max Weber alertaba de que sin un control político, la maquinaria burocrática podía acabar haciendo lo que le da la gana.