Javier Rufino Rus es desde hace once años fiscal coordinador de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en la Fiscalía de Sevilla. Su lucha implacable ha empezado a dar frutos y Sevilla acumula más de 900 condenas por construcciones ilegales y un ritmo de derribos de más de 30 al año. Aprecia que cada vez son menos los alcaldes denunciados por licencias “caprichosas” y constata que las empresas podrían proteger mejor el medio ambiente renunciando a parte de sus beneficios. 

—¿Cuantos fiscales trabajan en Medio Ambiente y Urbanismo en Sevilla?

Actualmente siete. Todos están especializados, pero ninguno dedicado en exclusiva pues el número de fiscales de la provincia es escaso en relación a la carga de trabajo y hemos de compatibilizarlo con otras materias.

— ¿Hay algún delito nuevo que esté creciendo dentro de su ámbito?

No se trata tanto de nuevos delitos, sino de que algunos de ellos se persiguen más gracias a una mayor conciencia ciudadana, tradicionalmente poco preocupada por esta materia. También la colaboración de asociaciones por medio de sus denuncias, la mayor atención de las fuerzas especializadas, como el Seprona de la Guardia Civil, y un mayor rodaje de jueces y fiscales. El incremento se aprecia en delitos como los vertidos tóxicos a ríos y acuíferos, la minería ilegal o abusiva, los expolios arqueológicos o el maltrato animal. Son buenos ejemplos de asuntos en los que aumentan las investigaciones de la Fiscalía y afortunadamente las condenas.

— ¿Cuántos casos terminan en condena?

El porcentaje de sentencias condenatorias respecto a las acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente está en torno al 90% en los últimos años. Las  sentencias absolutorias son en su mayoría por prescripción a causa de los enormes retrasos que padecen los juzgados de fuera de la capital.

Esos datos excelentes avalan la calidad de las investigaciones policiales, la colaboración de la mayoría de las Administraciones a las que la Fiscalía encarga informes y la adecuada delimitación entre lo que es delito y una simple infracción administrativa.

—¿Como se delimita el delito ambiental?

Esa es una de las labores más difíciles en materia ambiental, porque el Derecho Penal se reserva para las infracciones más graves y socialmente intolerables. También hemos constatado que la reparación del daño causado por estos delitos sigue aumentando, lo que constituye un síntoma claro de mayor eficacia de la Justicia: por ejemplo, en delitos urbanísticos el número de demoliciones anuales ha estado por encima de 30 en los últimos cuatro años. Quien trabaja en estas materias sabe bien lo difícil que es derribar viviendas ilegales en suelo rústico, y no hacerlo deja al Derecho Penal en lo simbólico.

 —¿Por qué se producen tantos expolios arqueológicos en Andalucía?

Andalucía es una región de inmensa riqueza cultural, lo ha sido a lo largo de siglos, tiene el mayor número de yacimientos del país y su propia extensión explica que esos delitos se produzcan más aquí que en otras comunidades pese a los esfuerzos policiales, administrativos y judiciales.  

— ¿Es un problema de permisividad?

No tiene nada que ver con la permisividad: es un delito que por naturaleza se comete clandestinamente, aparte de que es complicado saber la fecha aproximada de la extracción de las piezas arqueológicas y el yacimiento del que proceden. Y, hay que decirlo, notamos cierta complacencia ciudadana con este tipo de prácticas de quienes usan detectores de metales e intermediarios del mercado ilegal, probablemente por falta de formación, por el poco respeto a lo público, o por tomarse demasiado en serio a Indiana Jones. A veces hasta se ignora que un tesoro no es propiedad de quien lo encuentra, sino de dominio público, de todos.

— ¿Donde se suele vender lo expoliado en Andalucía?

La experiencia dice que las piezas circulan por mercados ilegales en manos de coleccionistas privados hasta que logran blanquearse y, en ocasiones, venderse en comercios de obras de arte y hasta en casas de subastas conocidas mundialmente.  

Las cifras económicas estimadas del tráfico ilegal internacional de obras de arte muestran que están poco por detrás de las drogas y el tráfico de armas. 

Las empresas podrían proteger mejor el medio ambiente renunciando a parte de su rentabilidad

— ¿Se aprendió del vertido tóxico de Aznalcóllar para aumentar los controles? 

El problema de la minería ilegal no es que aumente el número de delitos, sino los efectos devastadores que puede tener uno solo de ellos, y de eso aquí sabemos bastante, por desgracia. Los controles son mayores y la vigilancia policial es continua, de manera que seguimos teniendo noticia de vertidos a ríos y acuíferos, aparte de abusos en extracciones ilegales de acuíferos. Lo hacen empresas que tienen capacidad de gestionarlos bien aunque la rentabilidad sea algo menor. Nada es suficiente sin el respeto y responsabilidad de las empresas que generan residuos, porque aquí no puede importar solo la lógica del beneficio económico. 

— ¿Por qué siguen causando tantas molestias los bares y discotecas?

Los casos de contaminación acústica que estudia la Fiscalía son los especialmente graves y que producen daño en la salud de las personas. Los más leves son competencia de los Ayuntamientos. Lo que preocupa en estas investigaciones es la total omisión de las obligaciones de algunos Ayuntamientos, que tienen la responsabilidad legal de hacerlos cesar con cierres, precintos y prohibiciones, además de sancionarlos contundentemente. No siempre se ha hecho, y esa pasividad genera el consiguiente perjuicio a los ciudadanos. Pero también confluye aquí el incivismo de quienes causan esos ruidos: no todo se resuelve con el Derecho Penal porque la educación y respeto tienen un efecto preventivo asombroso. 

—  Se habla poco del maltrato animal, ¿es porque se cometen pocos delitos? 

Se han cometido siempre y es muy probable que hoy se cometan muchos menos. La concienciación ciudadana es mucho mayor, como la formación de la Guardia Civil y la respuesta de los tribunales. Se trata de delitos de poca complejidad técnica, pero con problemas de orden práctico: ¿cómo organizar bien, por ejemplo, la inmediata retirada de unos caballos o perros desnutridos o maltratados por su dueño?, ¿quién los cura y costea su mantenimiento?. Son problemas a los que nos enfrentamos que no se resuelven solo con buena voluntad o leyes, sino con dinero y medios rápidos y eficaces. En todo caso, poco a poco se destierra la idea del animal como una cosa de mero valor económico sometida al capricho de su dueño. En esto el Código Penal ha sido útil, como último recurso.

Los Ayuntamientos no paralizan obras ilegales y el Derecho Penal llega tarde

 — Siguen  aflorando parcelaciones ilegales en Sevilla pese a las numerosas demoliciones por orden judicial. ¿No son efectivas las condenas? 

En efecto, desde 2006 han recaído unas 900 sentencias condenatorias y el ritmo de edificaciones ilegales disminuyó por el conocimiento de esas condenas y por la propia crisis. Sin embargo, en localidades como Dos Hermanas asistimos ahora a un incremento sorprendente de delitos de este tipo, que son fáciles de detectar y los Ayuntamientos tienen medios legales suficientes para paralizarlos desde el principio. A veces no se hace y el Derecho Penal llega tarde a lo que podría haberse evitado antes.

—  ¿Por qué Sevilla acumula tantas condenas a alcaldes por licencias urbanísticas?

En Sevilla esas condenas por prevaricación urbanística son especialmente numerosas en relación al resto de España pero eso no significa que haya más, sino que se persiguen más. La realidad es que en los tres últimos años han disminuido ese tipo de denuncias. Lo que ha ocurrido a veces es que no se hacía caso a los técnicos y se imponía el capricho o la voluntad del que no sabía, pero otorgaba la licencia. Con todo, son excepciones lamentables a un cumplimiento generalizado de la ley por quienes conceden una licencia.