-¿No es un poco raro que una ONG se dedique a atender a niños en un país desarrollado?

-Save the Children se fundó en un país desarrollado. Fue después de la I Guerra Mundial, en 1919, en Inglaterra. Nuestro mandato es trabajar con la infancia más vulnerable allá donde esté.

-Pero el contexto de 2019 es muy distinto para los niños. ¿Tiene sentido el trabajo de Save the Children en Andalucía?

-Hay problemas como la pobreza infantil, la falta de acceso a una educación de calidad o la violencia que se ejerce contra la infancia. Son cuestiones que vulneran los derechos de los niños. Trabajar con esos niños que no tienen las mismas oportunidades que otros es fundamental. En Andalucía hay todavía niños que necesitan que las leyes y las medidas políticas vayan encaminadas a su bienestar.

-El problema principal en Andalucía es el alto nivel de pobreza infantil, ¿no?

-Hay muchísima gente que lo está pasando mal para llegar a final de mes, pero en especial las familias con hijos. Dentro de ese grupo, están las familias con un solo cabeza de familia, que normalmente es la madre. Y también las extranjeras.

-En los casi 20 años que llevan en Andalucía, ¿han visto evolución positiva?

-El espíritu de las leyes que hace la Junta tiene en cuenta a la infancia, pero a la ahora de la aplicación práctica no termina de resolver nada. Pedimos medidas específicas para acabar con la pobreza infantil y el abandono escolar temprano. Hay cambios, sí, pero en 2008 la tasa de pobreza estaba sobre el 20% y con la crisis se ha disparado y se está manteniendo. Es una parte de la sociedad que se puede quedar atrás de por vida y lo que no puede hacer un gobierno es resignarse a que parte de la población viva en una situación de pobreza estructural, dependiendo de ayudas públicas.

-¿A qué medidas concretas se refiere?

-Primero, que las ayudas no contributivas se materialicen. Cuando una familia no puede pagar la luz o no puede comer bien, que haya medidas de apoyo económico. Tenemos la Renta Mínima de Inserción, que tiene por objetivo estratégico acabar con la pobreza infantil, pero lo que hace falta son recursos. La Ley de Infancia contiene un mecanismo de ayuda a familias especialmente vulnerables con hijos que estamos ayudando a desarrollar. Nos gustaría que hubiera un objetivo de reducción de pobreza infantil cada legislatura.

-En realidad, el problema es más de presupuesto que de intenciones.

-Claro. Cuando leemos los documentos que salen de la Consejería de Políticas Sociales estamos de acuerdo en casi todo. Luego hay que destinar los recursos adecuados y además echamos en falta más visibilidad para los presupuestos desglosados. En educación, el coste de la infraestructura o de personal no lo vemos como un gasto directo en infancia.

-¿Se miran en algún país o región como ejemplo?

-En nuestros informes intentamos recopilar buenas prácticas. Hay países que han logrado reducir su tasa de pobreza infantil, como Irlanda, que ha creado un Ministerio de Infancia. Eso da muestra de su apuesta y del peso político que tiene. Aquí también se hacen cosas buenas que después se exportan a otros países.

-Prestan mucha atención a los menores inmigrantes. ¿Cómo es su situación?

-La Junta tiene la obligación de hacer la primera acogida durante tres meses y luego escolarizarlo y ofrecerle un proyecto de futuro que le permita, cuando cumpla 18 años, tener una forma de ganarse la vida. El sistema de protección de menores no está realmente preparado para atender al alto número de niños y jóvenes que vienen, pero tampoco al perfil que tienen.

-¿A qué se refiere?

-Hay menores cuyo recorrido migratorio es salir, por ejemplo, de Senegal y su objetivo es llegar a Holanda. Utilizan Marruecos y Andalucía como una zona de paso, pero el sistema de protección no puede desentenderse de esos menores, aunque estén en Andalucía un mes. La obligación de proteger a estos menores es de la Junta, pero cuando un chico quiere seguir la responsabilidad trasciende. En Save the Children pedimos un sistema de protección europeo para facilitarles a estos menores un tránsito seguro.

-¿Qué propuestas hay sobre la mesa?

-Una pasa por crear una agencia europea de menores no acompañados, pero también hay que mejorar los protocolos de traslado, que no funcionan entre comunidades. También se necesitan más recursos.

-¿Hay menores que desembarcan en Andalucía que vengan para quedarse?

-Algunos llegan para ganarse la vida, pero si el sistema les ofrece un centro saturado, no les ofrece oportunidades para desarrollarse, estudiar y trabajar, es normal que sigan su camino.

-¿El problema es igual a todo el país?

-No, hay 10 o 11 regiones que no tutelan ni al 2% de los menores que llegan. Andalucía tiene cerca del 35%. Eso no es de recibo. Han llegado 1.900 chavales, en una población de 46 millones de habitantes es poquísimo. El estado puede liderar un mecanismo de coordinación y de reparto de cupos entre las regiones.