A la Junta no le salen las cuentas con la reforma que introduce el papel cero. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, cifra en unos 12 millones de euros el coste de la eliminación del papel en los juzgados y tribunales andaluces, y critica que el Gobierno central sólo haya aportado 1,47 millones para la "reforma de la Administración de Justicia en Andalucía".

El consejero declaró recientemente a este medio que en esta cantidad que ha aportado el Ministerio de Justicia, según el convenio suscrito en julio pasado, se incluyen muchos más aspectos que el papel cero, en concreto, va dirigido a facilitar las relaciones entre los ciudadanos y los operadores jurídicos, impulsar la implantación de la oficina judicial y fiscal, crear sistemas de gestión procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad, digitalizar los procesos de tramitación y gestión procesal, y a la justicia gratuita.

Esto demuestra, según el titular andaluz, que los 1,4 millones que aporta el Ministerio son "insuficientes" para una reforma de este calado, que además ha sido "impuesta a las comunidades autónomas con precipitación y falta de diálogo.

De Llera añadió que esa repentina obligatoriedad de hacer desaparecer el papel a partir del 1 de enero ha hecho que sea "imposible" conseguir que la medida alcance el cien por cien de los órganos judiciales, a pesar de que Andalucía ha sido "líder" desde el año 2009 en la incorporación a la Justicia del sistema de notificaciones electrónicas a través del Lexnet, aplicación que ahora debe integrarse en el plan informático de la Justicia, el Adriano.

A pesar de la falta de financiación y de la necesaria adaptación de los sistemas informáticos, el consejero aseguró que la Junta no escatimará esfuerzos para aplicar la normativa. "Vamos a cumplir la ley, pero a costa de nuestros propios recursos financieros y de un gran esfuerzo por parte de los órganos judiciales y de las Fiscalías, por lo que no entendemos el discurso triunfalista del ministro Rafael Catalá", quien recientemente había afirmado que a lo largo de diciembre se iba a poner en marcha una "nueva mejora" de Lexnet, algo que la Junta cree que representa que el Gobierno central está "apurando los plazos al máximo sin tener en cuenta que las comunidades tiene luego que integrar Lexnet con sus propios sistemas y eso requiere tiempo".

Emilio de Llera criticó igualmente que Andalucía debería haber recibido del Estado otros 54 millones por la aplicación de la ley de tasas judiciales.

En los últimos meses, la Junta ha iniciado los desarrollos para hacer las adaptaciones necesarias para la presentación de documentos que inician los trámites, unas funcionalidades que evitarían la "impresión de la documentación digital en los decanatos" de los juzgados andaluces. Esto representa que habrá "asuntos híbridos en papel y en formato digital, y con sistemas que no contendrán todo el expediente, provocando confusión en la manera de trabajar en los órganos judiciales".

En cuanto a los documentos que no inician los trámites, la Consejería puso en marcha experiencias piloto en varios juzgados: El Ejido (Almería), Vélez-Málaga (Málaga), Coria del Río y Huelva. En estas experiencias se han encontrado situaciones en las que es necesario imprimir la documentación, lo que supone un "coste adicional" para la Administración autonómica que anteriormente era asumido por el profesional, destacó el consejero andaluz.

La Junta insiste en que el papel cero ha sido impuesto por el Ministerio de Justicia "sin el necesario consenso de las comunidades autónomas y sin contar con una financiación específica, obligando a las comunidades a trabajar a contrarreloj".